Juzgan al dueño de dos clubs de alterne y a dos socios por blanqueo de capitales en Lugo

14

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará el lunes al dueño de dos clubs de alterne y a dos socios por blanquear importantes cantidades de dinero procedentes de la prostitución.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, el principal acusado era dueño de dos clubs de alterne de Lugo, donde ejercían la prostitución mujeres extranjeras, mayoritariamente brasileñas. Por estos hechos, se sigue contra él y uno de sus socios un procedimiento por 54 delitos de prostitución coactiva y uno contra la salud pública.

En los registros practicados a tenor de esta cuestión en los dos clubs de alterne, los agentes localizaron importantes sumas de dinero –-9.500 euros en uno de ellos y 2.684 euros en el otro–, así como 29.500 euros en una cuenta bancaria y 79.950 euros en una caja de seguridad vinculada a una cuenta a nombre el acusado.

Además, entre 2007 y 2008, el procesado se hizo con un «importante patrimonio personal», como un piso en Lugo valorado en 49.000 euros, un bajo comercial de 90.000 euros, un ático también en Lugo de 48.000 euros y un piso con trastero y garaje por 110.000 euros, así como varios vehículos.

Sin embargo, apunta Fiscalía, su única actividad económica conocida era la gestión de los clubs de alterne y «no incluyó en sus declaraciones tributarias los importantes ingresos» que obtuvo por esta actividad.

Un testaferro y un encargado de traer a las mujeres de Brasil

En cuanto a los otros dos acusados, uno de ellos actuó como testaferro para que el principal acusado pudiese «eludir las responsabilidades» de sus actuaciones, mientras que el otro ejercía como encargado de los clubes de alterne y, junto a su mujer, se encargaba de traer a las mujeres de Brasil.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, del que acusa tanto al propietario de los clubes como al encargado, mientras califica al testaferro de cooperador necesario.

Para el cabecilla, pide una pena de cuatro años y tres meses de prisión, así como el pago de una multa de medio 700.000 euros. Para el encargado de los clubes reclama dos años y tres meses de prisión y pago de 300.000 euros, mientras que para el testaferro pide 20 meses de cárcel y multa de 20.000 euros.