Que la Argentina quiere entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del nuevo gobierno no es ningún secreto. Este foro mundial ?integrado por las 35 principales economías del mundo? tiene el mandato de promover «mejores políticas para una vida mejor», entre ellas, la transparencia y fuertes leyes anticorrupción, dos requisitos no negociables para la Argentina si quiere formar parte de la organización.
Es por ello que, a instancias de la OCDE, se envió al Congreso en octubre de 2016 el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que sigue en el ámbito de las comisiones de Derecho Penal y Derecho General, de Diputados, aunque esperan, según allegados a ambas comisiones, que la semana próxima logren un dictamen para que el proyecto pueda comenzar a tratarse en el recinto. Otros expertos aseguran que esta ley viene «muy fría, no viene bien, pero es muy importante que salga».
Se trata de que las empresas sean penalmente responsables por sobornos a funcionarios públicos tanto locales como extranjeros. Pero hay más. Uno de sus artículos, el (por ahora) 22 J, habla de procedimientos que comprueben la integridad y reputación de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios al momento de contratar sus servicios.
Leyes más ordenadas para una mejor gestión
Patrick Moulette: «Hay que investigar y perseguir el soborno»
Estados Unidos, el Reino Unido, y también en España, Alemania, Chile, México y Brasil cuentan con leyes similares, por lo que es probable que no falte mucho para que las empresas tengan toda la responsabilidad por las acciones de los terceros con las que trabajan. Ante este panorama, y según destaca una abogada que trabaja en uno de los estudios jurídicos más grandes del país dedicados a temas corporativos, crecen los perfiles de abogados y contadores que sepan indagar en la integridad y reputación de los terceros con los cuales se van a hacer negocios. «También entran en el juego las firmas de auditoría que hacen una investigación financiera, si es que la empresa o el negocio en cuestión es grande», dice la profesional. Podría darse también que estos perfiles comiencen a tener mayor presencia in house.
Concuerda Diego Bleger, socio de Forensic de KPMG, que explica que «la investigación de las empresas proveedores es uno de los servicios que más creció entre las empresas de auditoría. Antes el due diligence era «conoce a tu cliente». Ahora es «conoce a tu proveedor. Se trata de saber quién está detrás, quiénes son los socios, si tuvieron problemas con la justicia, impositivos etcétera».
«Hay que evitar el hecho de que se piense «no pago sobornos, pero no sé qué hacen mis proveedores», dice Ramiro Cabrero, director de Legal & Compliance en Baker Hughes, empresa de servicios petroleros. En la práctica, sugiere acotar esta obligación a quienes tienen relación con funcionarios públicos, aunque «es cierto que hay una responsabilidad cuando existe un estándar obviamente sospechoso, por ejemplo con productos de mano de obra esclava, o no registrada».
A la hora del contrato con el tercero, recomienda asegurarse de que estén bien referenciadas las leyes que se aplican y que haya un compromiso por cumplir con los estándares de buenas prácticas de la compañía contratante.
¿Cómo se hace? «En el contrato se deja explícito que yo tengo el derecho de revisar los libros. Esto se está viendo sobre todo clientes del exterior que quieren saber si la empresa con la que van a hacer negocios tiene contacto con funcionarios públicos o con la aduana, por ejemplo. El mayor riesgo está en las cuentas de gastos de publicidad, marketing, abogados, asesoría, consultoría. En esos paraguas se ocultan las coimas y la evasión.
fuente: lanacion.com.ar
