Carlos Alberto González entró a la sala de audiencias de los Tribunales de San Isidro, donde se desarrolla el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Vestía traje gris y llevaba en una de sus manos un peculiar maletín rectangular negro. Después de que el secretario le tomó juramento de decir verdad, el testigo contó que hacía 20 años que era investigador privado, que antes fue policía de la Bonaerense y que la familia de la víctima lo había contratado en 2003. Todo su trabajo fue certificado por un escribano público: fue el encargado de hacer las cámaras ocultas que vinculan a Nicolás Pachelo en 2002 con el uso de un revólver del mismo calibre que utilizó el asesino de la socióloga y con la compra ilegal de los proyectiles previa a la fecha del homicidio.
“Nadie me citó a declarar antes de 2017”, dijo González cuando le consultaron por qué es la primera vez que se ve este material en el marco de la causa por un crimen que ocurrió hace casi 20 años y que ya lleva tres juicios. “Siempre esperé una citación. Yo no me podía presentar espontáneamente”, contestó cuando le preguntaron por qué las filmaciones no llegaron a manos del primer investigador del caso, el fiscal Diego Molina Pico.
Fueron tres los videos, dos en blanco y negro y el tercero a color, los que presentó el investigador privado, y los que se vieron durante la audiencia, y todos los filmó con el mismo portafolio con el que entró a la sala este miércoles: lo abrió y les explicó a los jueces cómo funcionaba la cámara oculta, luego de haber contado que los registró después de que John Hurtig, el hermano de María Marta, se juntó con Francisco Pachelo en 2003 y oyó de la boca del hermano del acusado que le dijo ‘mi hermano mató a tu hermana’.
Antes de que se proyectaran con el aval del tribunal, el fiscal general adjunto Patricio Ferrari cruzó la sala para ver la pantalla y se puso al lado de los defensores, en la otra punta estaba Pachelo. Lo siguieron los abogados de la querella Gustavo Hechem y Sebastián Maisón y quedaron algo ajustados de espacio. El imputado le soltó al funcionario público con el que siempre se cruza, irónico, haciendo referencia a que se podía acercar: “No tenga miedo”. La respuesta de Ferrari fue: “Lo único que no tengo es miedo, quedate tranquilo”.
Después del picante cruce, se proyectaron las filmaciones. En el primer video, filmado en noviembre de 2003, se ve cuando fue a comprar las municiones calibre .32 largo a los mismos lugares donde la familia de María Marta tenía el dato de que había ido a Pachelo. Pagó 11 pesos por la docena y se las vendieron sin que tuviera que exhibir credencial de legítimo usuario de armas: “Costaron 4.50 pesos las nacionales y 6.50, las importadas”, reveló.
Las otras dos cámaras ocultas fueron en 2003 y 2005 a Mario Rivero, un ex empleado de la tosquera familiar del acusado, quien contó que le pidió a Pachelo un arma tras un robo en esa zona de Villa Rosa, en Pilar, y que lo acompañó a comprar 15 proyectiles, que lo vio disparar “6, 7 tiros”, que era un “revólver de color metálico” y que “no salían todos los tiros, salían algunos, las balas eran malas o el revólver”, pero que nunca le entregó el arma como él le había pedido.
Sin embargo, en el video se ve que el casero, que falleció en enero de 2022, no le supo precisar cuándo ocurrió. Le preguntó si eso fue en septiembre u octubre. “O noviembre… Hacía calor”, respondió. Sí le dijo que fue después del “lío que tuvo en el country”.
Cuando testificó el investigador privado, consideró que Rivero hacía referencia a ese ‘lío’ como “a los robos en Carmel” ocurridos antes del crimen de María Marta, tiempo en el que Pachelo “tenía custodia” de los vigiladores del country a pedido de la comisión del club. La defensa, a su turno, dejó en claro que si hubiera sido en noviembre, como abrió la posibilidad el casero, podría haber hablado del homicidio de la socióloga. Aunque todavía no se sabía para ese entonces que la habían matado.
Lo cierto es que la defensa de Pachelo se quejó por la validez de la prueba presentada por el investigador privado, anteúltimo testigo de la fiscalía. “Es una compra ilegal y en esa época no se podía grabar sin orden judicial ni comprar sin habilitación del Renar”, se quejó Marcelo Rodríguez Jordan antes de que pasaran los videos comprometedores.
