Dos años después de que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria destapara el caso con la ayuda de un detective privado, el gerente de una clínica dental de ElAstillero (cuya identidad responde a las iniciales P. A. M. C.) ha sido condenado «por un delito de intrusismo», que se traducirá en una multa de 1.440 euros y el pago de las costas procesales.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que el acusado, que es protésico, «a pesar de carecer de la titulación oficial necesaria como odontólogo-dentista, realizaba a los clientes labores propias de esa titulación, tales como empastes, implantes, extracciones dentarias y limpiezas de boca».
Para el presidente de la entidad colegial, José Piñal, la condena es «ridícula», pero «es lo que establece la ley. Es escandaloso, pero no vamos a dejar de perseguir este tipo de prácticas. Si vuelve a hacerlo, intentaremos demostrar que es reincidente».
Tras la denuncia, presentada el 14 de octubre de 2014, la Guardia Civil de El Astillero abrió una investigación en la que se incautaron y pusieron a disposición de la autoridad judicial los archivadores y el ordenador con los datos de todos sus pacientes. En aquellas fechas, el acusado se defendía negando «tajantemente» que se hubiese excedido de sus funciones como protésico. «Me limito a hacer lo mío, aunque intento colaborar con los tres dentistas que tengo en plantilla, no me meto en su terreno. ¿Para qué iba a arriesgarme? Sería absurdo», declaraba entonces.
Sin embargo, el vídeo grabado por el detective que se hizo pasar por paciente fue una prueba decisiva, avalada por una sentencia del Tribunal Supremo. A raíz de la campaña contra el intrusismo lanzada desde el Colegio profesional –se descubrieron otros dos casos en Santoña y Torrelavega–, fueron varios los clientes afectados que no dudaron en aportar sus testimonios a la causa. Como el de una mujer que contó que el acusado le realizó un implante que se le cayó hasta en tres ocasiones. Tres desembolsos en vano. Así que se dispuso a averiguar si el responsable de su «avería» bucal estaba colegiado. La respuesta que encontró es que ni siquiera tenía la titulación académica requerida para prestar servicios odontoestomatológicos y atender en boca.
La misma sorpresa se llevó otro cliente que, tras su paso por la misma consulta para colocarse una prótesis, tuvo que recurrir a una segunda clínica odontológica cuando se le rompió poco después. No fueron las únicas quejas que apuntaban al protésico de El Astillero, todas referidas a los años 2013 y 2014. Así, por ejemplo, otra mujer que llevó a sus hijos, de 5 y 6 años, a realizar varios empastes que duraron poco puestos, acabó buscando arreglo a aquella «cara chapuza» en otro dentista. «Llevo gastados 2.000 euros», se lamentaba, sin poder evitar el sentimiento de culpa «por haber llevado allí a mis niños».
En un principio la acusación particular, ejercida desde el Colegio, pedía un año de prisión y diez meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, así como el pago de las costas procesales. Y el Ministerio Fiscal, ocho meses de multa a 10 euros diario. Con la fecha del juicio oral fijada para el 26 de mayo, acusación y defensa llegaron a un acuerdo de conformidad, fijándose una sanción de ocho meses a 6 euros al día (1.440 euros), contra la que no cabe recurso.
