MÉRIDA, Yucatán.- Las empresas de seguridad “patito” contratan a personas iletradas a las que hacen trabajar excesivamente y a quienes responsabilizan por robos en los conjuntos habitacionales que cuidan, además de que los mandan a campo sin ninguna capacitación.
También emplean a personas con cartillas de delincuencia y de ahí el aumento de robos en casa habitación a manos de estos empleados desleales, señaló Roberto Rodríguez Parral, gerente de una firma comercial.
La Fiscalía General del Estado informa que las empresas de seguridad privada deben registrarse ante la Unidad Administrativa de Control de Servicios de Seguridad Privada de la Fiscalía General del Estado, en donde a la fecha hay 105 empresas.
Cuando se detecta una empresa sin registro (patito) se le notifica un apercibimiento requiriéndole sus documentos para registrarse en un término de 5 días hábiles.
En caso de no darle el cumplimento se multa a la empresa y se hace una difusión pública de que no cuenta con el registro.
CONTROLES DE SEGURIDAD
En el país hay 2,700 empresas que ofrecen sus servicios de guardia y custodia a diversos establecimientos comerciales y residencias; emplean a más de 50,000 personas.
De esas empresas de seguridad, poco más de 2,100 no cumplen la normatividad del orden regulador, por lo cual operan de manera ilegal y pondrían en riesgo el patrimonio de sus clientes.
Datos de Grupo Multisistemas, empresa experta en seguridad privada, indican que Yucatán no está exento de este problema porque hay empresas que se forman de la noche a la mañana y no tienen los controles de seguridad.
El órgano regulador de estas empresas es el Consejo Nacional de Seguridad Pública y cualquier persona puede confirmar si una compañía está debidamente autorizada en www.cnsp.org.mx.
ASPECTO LOCAL
En Yucatán, en 2012, se inició un programa de regulación de las empresas privadas. La dependencia certificaba a cada una y hacía inspecciones periódicas.
Aparte de la información de la Fiscalía, se calcula que en Estado hay 200 empresas que ofrecen servicios a casas habitación, comercios, hospitales, aeropuertos, oficinas, traslado de valores, restaurantes, entre otros, pero sólo unas 90 cumplen con los requerimientos de las autoridades locales, Fiscalía y de la autoridad Federal. Es decir, que hay más de la mitad operando de manera ilegal o con algún requisito incompleto.
