El primer Colegio Profesional de Detectives Privados de Canarias está cada vez más cerca después de que se cerrara el pasado 13 de mayo la consulta pública previa a su formación por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. La corporación de derecho público y personalidad jurídica independiente busca la defensa y preservación de los profesionales titulados que se amparan en la ley 5/2014 de Seguridad Privada. Un conjunto que, en gran medida, es desconocido por la sociedad pero que cumple un papel decisivo en los procedimientos jurídicos a los que se adscribe gran parte de su actividad.
En la actualidad, Nicolás Hernández, Presidente de la Asociación Canaria impulsora del proyecto indica que hay alrededor de un centenar de detectives privados en las Islas, de los cuales más de la mitad están acreditados como «ejercientes», lo cual es una diferencia clave para entender este trabajo puesto que los «no ejercientes», ya sean individuos jubilados o inactivos, no están habilitados para ofrecer sus servicios como es el caso de la policía donde han de estar tres años alejados del cuerpo para establecerse como detectives privados y abordar las demandas que exigen sus investigaciones en el ámbito mercantil, laboral, financiero o empresarial.
La Asociación inició este proyecto con el acuerdo manifiesto de sus bases en septiembre de 2019, por tanto, y según los pasos indicados en la ley 10/1990 de Colegio Profesionales autonómica, después de finalizar el periodo de información pública de un mes, el resultado será remitido a la consejería competente y expuesto en un plazo de quince días. Más tarde, Presidencia elaborará el anteproyecto de ley y lo elevará con su informe al Gobierno para, posteriormente, remitirlo al Parlamento como proyecto de ley. Sin fecha aún por determinar, el detective Nicolás Hernández entiende que la situación de pandemia ha retrasado los trámites y tendrán, ante todo, paciencia con el proceso con el que esperan pronto constituirse y darse a conocer oficialmente en la sociedad isleña para salvaguardar sus intereses.
