Si bien en algunos sectores como la construcción de infraestructuras públicas u otros el Estado siempre ha venido contando con la empresa privada para la contratación de servicios, la modernización de la economía y de los sistemas productivos, así como la homologación al resto de democracias europeas trajo consigo que la contratación de empresas privadas para dar servicio al Estado y a los ciudadanos se ampliase a otros sectores tan estratégicos y fundamentales como la educación, la sanidad, los servicios sociales y otros, siendo la seguridad prácticamente de los últimos servicios en ser prestados por compañías de seguridad privada.
Hoy en día, a nadie le extraña encontrar vigilantes de seguridad en los controles de accesos de accesos en las sedes ministeriales y otros edificios oficiales de cualquier tipo, habiéndose convertido el propio Estado en el mayor demandante en lo que a cifra de negocio se refiere, con mucha diferencia, de servicios de seguridad privada, viéndose cosas impensables en otro tiempo como que por ejemplo las tareas de vigilancia en edificios del Ministerio del Interior o Defensa, incluidos cuarteles y comisarías, sean realizados por vigilantes de seguridad. Lejos de provocar sorpresa yy rechazo, la sociedad lo interpreta como un signo de eficacia en la gestión en tanto en cuanto se entiende que un militar, un policía o un agente de la Guardia Civil, puede ser más efectivo en labores para las que el Estado ha empleado mucho dinero en su formación y emplea en las partidas salariales que en una vigilancia estática en un edificio.
Por el contrario, y por alguna extraña razón que se desconoce, el Estado es reacio a contar de manera abierta y protocolarizada con servicios de investigación privada prestados por despachos de detectives, ello pese a haber sido éstos incluidos, con mayor o menor fortuna, en las normativas legislativas de seguridad privada desde hace ya muchos años.
La ya por todos conocida formación del detective privado español y el extremo control de su figura y actividades en lo que habilitaciones profesionales y cumplimiento normativo se refiere, debería de ser además un plus para que el Estado confiase a los detectives el desarrollo de múltiples servicios que se pueden prestar por lo necesario de los mismos.
Pese a ello, el empleo de servicios de investigación privada por parte de las Administraciones Públicas, está circunscrito a requerimientos ocasionales y normalmente por parte de las Administraciones Locales y Autonómicas, ello, en la mayoría de las ocasiones, cuando algún regidor, harto de soportar en su ayuntamiento actitudes descaradamente fraudulentas contra el erario público y los ciudadanos por parte de algún funcionario desleal, opta por solicitar los servicios de un despacho de detectives privados para descubrir y obtener las evidencias oportunas. No son pocas además en éstas ocasiones en las que sucede que los partidos de la oposición, demostrando su baja altura de miras y nivel de ética, aprovechan para acusar al regidor de haber osado “espiar” a un trabajador como si de una monstruosidad se tratase.
La situación actual solo puede ser cambiada por nosotros mismos, con líneas de actuación unitarias desde nuestro atomizado sector asociativo dirigidas a distintos sectores del Estado y a los medios de comunicación.
Los despachos de detectives privados pueden prestar a las Administraciones Públicas múltiples servicios necesarios y de rentabilidad segura y contrastada en aspectos tales como:
- Complemento de los múltiples sectores de inspección del sector público en áreas como comercios, restauración, alimentación, educación, sanidad y otros. Los detectives, por formación, pericia y medios técnicos con los que contamos, somos los profesionales mejor cualificados para la actuación encubierta y recogida de evidencias, bases fundamentales de cualquier servicio de inspección.
- Verificación de situaciones de personas beneficiarias de servicios sociales en sectores como vivienda, educación y otros, contribuyendo a destapar las elevadas bolsas de fraude social que existen en nuestro país y que merman la respuesta del Estado para las personas que realmente lo necesitan.
- Localización de testigos y auxilio a la administración de justicia en tareas similares, fundamentalmente en las áreas de procedimientos mercantiles y de familia. En su día, el Estado confió parcialmente algunos de esos cometidos a los procuradores habiéndose demostrado la ineficacia e incapacidad de éstos para llevar a cabo esas tareas.
- Lucha contra el fraude fiscal y laboral. El absentismo laboral constó el año pasado 11.000 millones de euros a las arcas del Estado, cantidad que revela lo abultado que ha de ser el quebranto producido por el porcentaje de dichas bajas que son fraudulentas.
A mi juicio, un primer paso para hacer entender a las distintas Administraciones Públicas la utilidad que tendrían nuestros servicios y darlos a conocer a la sociedad en general a través de los medios de comunicación, estamento divino que guía las tendencias y actuaciones de los políticos que nos gobiernan, sería establecer protocolos de trasmisión de información, al estilo de la Red Azul, con los distintos Ministerios y áreas gubernativas para que, en un principio y sin coste para el Estado, puedan conocer de primera mano los beneficiosos y rentables servicios que los despachos de detectives privados podemos aportar al Estado y por ende, a la sociedad para el beneficio de todos.
Agustin Ruiz, Director de INDAGUER Detectives
