«Ya no debemos aceptar que las empresas hagan negocio en Europa con privilegios fiscales» acordaron los ministros de Economía de la Unión Europea al entender que si seguían así perderían eficiencia económica, equidad fiscal y soberanía. Con esta sentencia basada en el razonamiento `soberano´, Bruselas trata de escenificar una acometida política para lo que se sirve de la puesta en escena de la «lista negra» de 17 paraísos fiscales y otra «lista gris» con otros 47 países dispuestos a adaptarse a las normas o requisitos que propone la UE. Eso sí, contarán con un plazo hasta el 31 de diciembre del próximo año, o incluso, hasta mediados de 2019 para algunos casos sin centros financieros. No deja de ser un ejercicio más de distracción en tanto que medidas anteriores, orientadas a poner orden en la actividad mercantil basada -o con cobertura- en paraísos fiscales cuenta con un nefasto balance de incumplimientos. En otras palabras, el trabajo de los legisladores de la Unión Europea, de muy poco o de nada ha servido en los últimos diez años, salvo si se considera que en este tiempo se ha aprobado una docena de multas. Por tanto, y a pesar de la iniciativa de Bruselas, sea a través de multas, advertencias, amonestaciones, etc, sigue sin conseguir su objetivo principal, al parecer, que los países terceros se comporten con arreglo a derecho y cooperen fiscalmente. Eso sí, manteniendo intocables los paraísos fiscales europeos, léase, Irlanda, Luxemburgo y Holanda.
Pero las nuevas medidas que dice el legislador europeo que tendrán un efecto «nuevo, distinto y eficaz» -se entiende que sobre las prácticas fiscales de las empresas y particulares- pasan por ser una primera iniciativa tendente a limitar y, si es posible lograr, el final de los abusos fiscales de las grandes multinacionales, como se sabe, en su mayoría tecnológicas, estadounidenses para más señas y en concreto para que Google, Facebook, Amazon y Apple paguen sus impuestos en Europa y lo sean en el volumen que les corresponde en función de su volumen de negocio.
Para conseguir este objetivo parece que es condición indispensable una mínima armonización fiscal en el impuesto de sociedades. Un primer paso, logrado con mucho esfuerzo pero al final con éxito, fue la eliminación de cientos de trucos fiscales que la Comisión Europea eliminó hace un año y por la que las multinacionales tecnológicas practicaban un abusivo juego fiscal entre filiales del mismo grupo para no sobrepasar, por ejemplo, los 750 millones de ingresos, o también las deducciones fiscales por gastos de investigación que nunca se producían en Europa pero que las cerca de 6.000 multinacionales que operan en el continente se apuntaban.
El paso en cuestión sirvió para eliminar prácticas fiscales de Apple en Irlanda, Amazon en Luxemburgo y Starbucks en Holanda, y por la que estas compañías se ahorraban varios miles de millones de euros. Recordar que en asuntos de facilidades fiscales, habitualmente identificadas con Irlanda, juega un papel importante Luxemburgo, cuya agencia tributaria mantiene vigentes tipos impositivos para algunas compañías multinacionales en el entorno del 1%.
Sigue sin estar claro por qué Bruselas continua empeñada en evitar el debate y no abordar directamente con profundidad las normas sobre movimientos de capitales al mismo tiempo que pone orden en la fiscalidad de los negocios de las empresas no europeas en la Unión Europea. Para empezar, llama la atención el generoso plazo de adaptación que se le presenta a Andorra, Estado que no aparece en la lista negra pero sí en la gris, puesto que están en fase de desarrollo varios compromisos de colaboración fiscal con la UE.
Igualmente sospechoso es que esa lista negra considera paraísos fiscales a pequeños islas, territorios isleños, algunos emergentes y otros que, incluso, no aparecen ni en el mapa. De lo que no cabe es que el mantenimiento de los paraísos fiscales en el seno y corazón de Europa -Holanda, Luxemburgo e Irlanda- responde a intereses ocultos o a que en breve se dirigirá a ellos en esa batalla por poner orden fiscal en la Unión.
