El que fuera presidente de la Generalitat hasta hace una semana, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consejeros, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), ya están de forma oficial en la lista de buscados por eludir la acción de la Justicia. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, instructor de la querella del fiscal general contra el Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, acordaron este viernes tramitar sendas órdenes de detención y prisión, nacionales e internacionales, tras la petición de la Fiscalía.
En sus autos, la juez acusa a los investigados de delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencias.
El Ministerio Público expuso en un breve escrito que «constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso» por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.
De Puigdemont, señala que «ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual».
Un día antes, el abogado belga del expresidente, Paul Bekaert, dijo que la Justicia española emitió una orden de arresto europea contra su cliente y los cuatro exconsejeros que también están en Bélgica. Bekaert dijo a la televisión belga VRT que Puigdemont considera que «el clima no es bueno en la actualidad para testificar y es mejor tomar distancia». Agregó que, sin embargo, el cesado presidente catalán estaría dispuesto a trabajar con los tribunales españoles o belgas.
Por otra parte, la Fiscalía federal belga ha señalado que está a la expectativa y que «aplicará la ley» cuando les llegue la OEDE.
La decisión de la juez Lamela llegó después de que decretara este jueves el ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva de ocho miembros del Govern, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras. Solo al exconsejero Santi Vila le impuso una fianza de 50.000 euros para salir de la cárcel que fue abonada el viernes y salió del centro penitenciario de Estremera (Madrid).
