La juez decreta prisión incondicional para todo el Govern cesado menos para Vila

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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. En el caso del exconsejero Santi Vila, la magistrada acuerda prisión eludible bajo fianza de 50.000 €. Ingresa en prisión hasta que deposite dicha cantidad.

Según el auto de la juez, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y considera que no se puede obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país. En este sentido, la juez recuerda, en el auto, que ya varios querellados se han ido a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan incurrir. Así lo expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares

La magistrada considera que existen indicios de la comisión de un delito de rebelión por parte de los miembros del Govern y dado que conlleva una pena de prisión de hasta 30 años, es evidente la existencia de riesgo de fuga.

La instructora ya envió a prisión incondicional a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por un delito de sedición por las concentraciones organizadas por ellos el pasado 20 de septiembre en la puerta de la Conselleria d’Economía mientras la Guardia Civil realizaba un registro bajo una orden judicial.

Tras esta decisión, ahora Lamela deberá decidir si cita para otro día al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los cuatros consellers citados y que no han acudido o si directamente emite una orden europea de detención, dado que se conoce que se encuentran en Bélgica.

La juez considera que estos hechos son suficientemente graves por el hecho de haber proclamado la independencia de una parte del territorio fuera de las vías legales. El Govern se valió, según recoge la Fiscalía, de la Mesa del Parlament para aprobar leyes abiertamente ilegales e inconstitucionales; con unas asociaciones como ANC y Òmnium que actuaron como brazo civil de la Generalitat; y con unos Mossos d’Esquadra que habrían permitido las movilizaciones para apoyar el referéndum del 1 de octubre como antesala a esa declaración de independencia.