El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella interpuesta contra la expresidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de sus miembros, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, todos ellos miembros de la Diputación Permanente y, por tanto, aforados.
El alto tribunal considera que los hechos relatados en la querella tienen visos de ser delictivos y, por tanto, la admite a trámite y nombra a un magistrado para que instruya la investigación. La primera decisión que debe tomar será la citación con carácter de urgencia de Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa.
La querella se ha presentado en la mañana de este mismo lunes de manera simultánea a la entregada en la Audiencia Nacional contra todos los ex miembros del Govern, encabezado por Carles Puigdemont. Todos ellos han sido querellados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Además, de estos delitos, la querella recoge los delitos de prevaricación y desobediencia.
En la querella, se recoge el papel fundamental de la Mesa del Parlament para llevar a cabo las pretensiones de la Generalitat de obtener la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, firmante de la querella, recoge el papel nuclear de la Mesa, que ha admitido a trámite y sometido a votación leyes inconstitucionales, como la ley de transitoriedad, la ley del referéndum y la propia declaración unilateral de independencia, votada el pasado viernes día 27.
En la querella, se recoge como por ejemplo en la votación de la ley de transitoriedad aprobada el 8 de septiembre, desestimando las solicitudes de reconsideración a su admisión a trámite y sin admisión de enmiendas a la totalidad ni dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. Se votó de madrugada con la ausencia de la Cámara de los diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Ciudadanos y Popular.
Falsa apariencia de legalidad
“De nuevo, Carme Forcadell, en su calidad de presidenta del Parlament, haciendo tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes, posibilitó, en una arbitraria interpretación del Reglamento, la aprobación de dicho texto en un solo día, sin posibilidad de debate, de discusión efectiva de enmiendas o de elevación al Consejo de Garantías Estatutarias, facilitando dar una falsa apariencia de legalidad a este proceso ‘de facto’ de demolición del ordenamiento constitucional”, recoge la querella.
Todos los plenos convocados por el Parlament fueron anulados por el Tribunal Constitucional. “A pesar de ello, el Govern continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república valiéndose para ello del poder que les otorgaba tener la mayoría absoluta de diputados en la Cámara, integrados en los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, y reforzado por el apoyo de asociaciones independentistas a las que pertenecen un gran número de esos mismos diputados y miembros del Govern, a saber, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural”.
De esta manera, el Ministerio Público explica que mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, “la actuación a través de los movimientos populares, por ellos auspiciada, iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado”.
Respaldo con movilizaciones
El objetivo era justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos “y que permitieran, cuando fuera necesario, su movilización para respaldar la consecución de los fines independentistas”.
Según la querella, desde el punto de vista de la actuación legislativa, desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017, los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP en los que se integran parte de los querellados, y en particular tanto los entonces president y vicepresident de la Generalitat, así como la ex presidenta del Parlament, “impulsaron y consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación del Estado español, propiciando, tras los correspondientes recursos, numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad y nulidad de todas ellas”.
Instrumentos al servio del plan secesionista
Paralelamente y como instrumentos “al servicio del plan secesionista del Govern”, los querellados promovieron actos, manifestaciones y proclamas “abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Catalunya sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y del Parlament al margen de las leyes y en contra de la Constitución”. Hicieron creer a la sociedad -según Maza- que sus actuaciones eran legítimas “en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación”.
Así desde la ANC, en el documento “Asamblea General Ordinaria 2015. Hoja de Ruta 2015-2016”, elaborado el día 12 de abril de 2015, siendo presidenta de esta asociación la querellada diputada por Junts pel Sí y presidenta del Parlament de Catalunya hasta el día 28 de octubre de 2017, Carme Forcadell, se planteaba el escenario de celebrar elecciones plebiscitarias y constituyentes como etapa del proceso de independencia nacional.
En ese documento se recogía, ante la posibilidad de que la Generalitat fuera intervenida, que “en estos escenarios, la ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia”.
