La operación Anubis, nombre con que se ha bautizado la macrooperación de la Guardia Civil llevada a cabo este miércoles en diversas dependencias y conselleries de la Generalitat de Catalunya, se saldó con un total de 14 detenidos, 41 registros y una veintena de investigados (imputados). La operación, ordenada por el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, tuvo acción central el registro de la conselleria de Economia y la detención de dos de los hombre fuertes del conseller y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, el secretario general de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, y el secretario de Hisenda, Lluís Salvadó. Diez de los detenidos han reclamado el ‘habeas corpus’ y un total de siete de ellos han sido liberados.
Además de Jové y Salvadó se detuvo a otros altos cargos y técnicos de diversos departamentos de la GeneHasta ahora, la Guardia Civil ha dejado en libertad a siete de los arrestados, a la espera de ser citados en los próximos días por el juez instructor. Se trata de Xavier Puig, David Franco, David Palancas, Juan Ignacio Sánchez y Pau Furriol, que se unen a las últimas de Mercedes Martínez, trabajadora de Vicepresidència, y Natàlia Garriga, directora de Serveis del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Según el TSJC, entre ayer por la tarde y esta madrugada, se han atendido un total de 10 ‘habeas corpus’ en Barcelona y Martorell. El juzgado de guardia de incidencias de Barcelona ha recibido siete ‘habeas corpus’. Tres de ellos han sido resueltos desestimándose los y entendiendo que las correspondientes detenciones se hicieron de acuerdo con la legalidad. En tres de los cuatro ‘habeas corpus’ pendientes de resolver, las partes ya han sido escuchadas y sólo queda pendiente la resolución del magistrado. El último está en fase de tramitación.
Por otra parte, el juzgado de guardia de Martorell tramitó la petición de tres de ‘habeas corpus’. Todos ellos se resolvieron en sentido de considerar ajustadas a derecho las detenciones en el marco de la investigación judicial. Aparte, al menos cinco de los arrestados han quedado en libertad provisional a la espera de ser citados a declarar en el juzgado.ralitat. Son: David Palancas Serrano, de la Oficina d’Afers Exteriors; el director general de Patrimoni, Francesc Sutrias; Natalia Garriga, directora de servicios del Departament de la Vicepresidència i de Economia i Hisenda; Juan Manuel Gómez, técnico informático de la Conselleria d’Economia i Hisenda; Josué Sallent Ribes, del CCTI; David Franco Martos, del CTTI; Joan Ignasi Sànchez, jefe de Gabinete de la Conselleria de Governació que dirige Meritxell Borràs; Xavier Puig Farré, responsable del área de Tecnologia i Comunicacions que depende de Exteriors, y Josep Masoliver, responsable de sistemas de la fundación puntCAT. También hay dos detenidos relacionados con la imprenta de Barcelona de la que este mismo miércoles se incautaron casi 10 millones de papeletas para el referéndum: Pau Furriol Fornells y Mercedes Martínez Martos. Y en Madrid se detuvo a Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de serveis de l’empresa T-Systems.
Según se ha conocido este mismo jueves, la Guardia Civil atribuye un presunto delito de sedición al secretario general de Economía, Josep Maria Jové, detenido el miércoles dentro del operativo policial contra la organización del referéndum de independencia. La acusación ha sido desvelada por la defensa, que señala que el Instituto Armado, en su escrito, achaca también al número dos del vicepresidente de la Generalitat, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por “gestionar elementos fundamentales” para el 1 de octubre.
Pese a que la Guardia Civil le atribuye sedición -igual que a otros cargos detenidos-, este delito no figura en el comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envió el miércoles a los medios sobre los supuestos delitos que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Según el TSJC, el juez instructor, Juan Antonio Ramírez, que mantiene el caso bajo secreto y ordenó las entradas y registros del miércoles en sedes de la Generalitat, atribuye únicamente a la veintena de investigados los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
La Guardia Civil atribuye el supuesto delito de “sedición” también al empresario Pau Furriol, propietario de la nave de Bigues i Riells (Barcelona) donde los agentes incautaron casi diez millones de papeletas para votar en el referéndum independentista del 1 de octubre, la
El delito de sedición sí que figuraba en la querella de los abogados Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, a partir de la que el juez inició la investigación, y la presentada posteriormente por el partido político Vox.
