La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha dejado en libertad con cargos al jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, tras haber sido detenido esta mañana junto a otros dos agentes de la localidad costera y a un exconcejal del PP por supuestos delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental.
La denuncia partió del propio Ayuntamiento de Santa Pola tras detectar, al parecer, irregularidades en las contrataciones. Se investiga si los agentes y la empresa fraccionaron los concursos e incluso si en algunos casos no se llegó a entregar el material.
Entre los arrestados se encuentra el exconcejal de Seguridad Antonio Pérez Huertas, que fue trasladado a la Comisaría de Alicante. En concreto, se investigan contratos de ropa y material policial. Uno de los policías detenidos es Roque Alemañ, presidente del Club Atletismo de Santa Pola. También ha sido arrestado el agente Pascual Linares, coordinador de Protección Civil en la Policía Local, también expresidente del club de Atletismo de Santa Pola. Ellos también han quedado en libertad con cargos esta tarde.
Entre los detenidos también hay cinco empresarios de la empresa de Redován Almacenes Riera que fueron trasladados esta mañana a la Comisaría de Orihuela.
Los arrestos se han producido esta mañana. Zaragoza ha sido trasladado a la Comisaría de Alicante, después de haber sido detenido en su despacho y a lo largo del día ha estado prestando declaración.
Es hermano del exalcalde de Santa Pola y diputado provincial del PP Miguel Zaragoza. También es hermano del jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza.
Se han realizado registros desde las nueve de la mañana y prácticamente hasta pasadas las dos de la tarde en el Ayuntamiento de Santa Pola y en la jefatura de la Policía Local.
Todo salta por la detección de una irregularidad en un contrato de 2016 que pasó por la Junta de Gobierno, que lo paró. Primero le dio traslado al departamento de Contratación y luego a la Policía.
Los agentes han estado buscando albaranes y documentación relacionada con la contratación de equipamientos para la Policía Local y Protección Civil entre 2012 y 2017.
Desde la alcaldía de Santa Pola han enviado un comunicado en el que confirman que se ha solicitado a este Ayuntamiento documentación relacionada con unas diligencias previas, «en referencia a unas supuestas irregularidades en la contratación de la uniformidad de la Policía Local y de Protección Civil».
Asimsmo, la alcaldesa, Yolanda Seva ha afirmado que «no nos posicionamos ante causa alguna, sino que colaboraremos con la administración de justicia para que, si existieran, se depuren las responsabilidades correspondientes». Por último, en el comunicado oficial expresan que «el proceso se encuentra bajo secreto de sumario y creemos firmemente que hay que dejar trabajar a la justicia, y ser prudentes, hasta tener confirmación oficial al respecto».
El Partido Popular de Santa Pola también se ha pronunciado en un comunicado. «Confiamos firmemente en la labor de la Justicia para que con la máxima celeridad posible se aclaren todos lo hechos y no vamos a permitir que se prejuzge ni condene a nadie, para eso están los Juzgados y Tribunales» ha destacado la formación.
Asimismo, los populares han incidido en que «la investigación se encuentra bajo secreto de sumario por lo que desde nuestro partido solo podemos solicitar respeto a la acción de la justicia y a la presunción de inocencia».
Por último, han denunciado «públicamente la forma en la que se está instrumentalizando determinadas informaciones, no con la intención sana y leal a la justicia, sino con la vil voluntad de condenar antes que un juez y hacer el mayor daño posible a nuestro partido, las supuestas personas implicadas y sus familias y amigos».
