Delegación del Gobierno no cejará en su empeño de que los polígonos del Tarajal cuenten con un plan de seguridad como, por otro lado, marca la ley. Así, no se descarta que se tomen medidas sancionadoras contra los empresarios ya que no han presentado el plan que le ha reclamado la Delegación del Gobierno hasta en tres ocasiones, siendo el último plazo vigente el del 1 de junio. No obstante, no se actuará hasta que el Ministerio de Interior no resuelva el recurso que presentó una de las cuatro comunidades de empresarios de los polígonos y así lo subrayó ayer el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, que también especificó que se ha presentado otro recurso contra esta exigencia a contar con un plan de seguridad, pero fuera de plazo.
“El recurso ha sido elevado a los servicios centrales del Ministerio del Interior para su resolución y estamos a la espera para continuar con el expediente, ya que aunque podríamos continuar ahora, nos parece más prudente esperar para actuar en consonancia con el mismo”, apuntó Fernández Cucurull en declaraciones a los medios. No obstante, señaló, la opinión de la Delegación del Gobierno sigue siendo la misma: “Consideramos que es muy conveniente, incluso para los propios empresarios que se cuente con un sistema de seguridad privada en el interior de los polígonos que permita evitar las situaciones de riesgo para las personas que se dedican al porteo”.
De hecho, el delegado aseguró además que si se contara con un sistema de seguridad privada en los polígonos se podría hacer una utilización más intensiva del Tarajal II, del que dijo que está funcionando “de manera razonable”, para que estos empresarios pudieran vender sus mercancías y que este paso sea la manera para transportarlas al otro lado.
