El juzgado de instrucción número cuatro ha abierto diligencias para investigar si se produjo una filtración en la oposición para cubrir ocho plazas de agentes de la Policía Local. Lo ha hecho tras la denuncia presentada por la fiscalía provincial que considera que se ha producido un presunto delito de revelación de secreto y de aprovechamiento por revelación de secretos por funcionario público. Al menos hay un investigado al que ya se ha citado para declarar y fuentes judiciales no descartaban este miércoles que pueda llamarse a más investigados. Este jueves las mismas fuentes han confirmado que son cinco los investigados.
Según se precisó este miércoles por el ministerio público, la denuncia de la fiscalía se ha presentado contra todos los miembros del tribunal de la prueba oposición y contra el profesor de una academia, quien a su vez es también policía local, según indicaron las fuentes citadas.
La oposición se celebró hace un año y la investigación de la fiscalía se inició después de que los servicios jurídicos del sindicato CSIF pusiesen a disposición del ministerio público un sobre anónimo que recibió y en cuyo interior, según publicó este diario el pasado marzo, había un documento firmado y un pendrive con grabaciones y tras comprobar que en los mismos se hacía referencia a los temas sobre los que posiblemente se iba a preguntar en la prueba oposición. En el examen se preguntó, precisamente, sobre una de las materias de las que se informaba en el anónimo recibido en el sindicato.
Según las bases que se publicaron en mayo de 2021 para cubrir estas ocho plazas por sistema de oposición, el tribunal estaba compuesto por un presidente (funcionario de la corporación, el cargo recayó en el jefe de la sección de sanciones, Rafael Gómez), el jefe de la policía local, un funcionario de la corporación local designado por la alcaldía y un funcionario de carrera designado por la consejería competente en materia de coordinación de la policía local. Además de un secretario, función que también recaía en un funcionario de la corporación con voz pero no con voto en el tribunal.
Los ocho agentes que superaron la prueba están ocupando ya sus puestos en la jefatura cacereña tras pasar su periodo de formación en la academia de seguridad extremeña. Si se confirma la filtración en la oposición, el examen se podría anular y los ocho agentes perderían su puesto.
El presunto delito que se investiga por el juzgado está tipificado en el artículo 418 del código penal, en el que se especifica que el particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio «obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de uno a tres años».
