La respuesta del Estado de Derecho al fenómeno de la delincuencia en la red ha sido el eje central de las jornadas de estudio que hoy han sido clausuradas por la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y en la que han participado fiscales procedentes de todo el territorio nacional.
Segarra ha explicado que “el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido grandes avances económicos, sociales y culturales, pero al mismo tiempo representa un reto de enormes proporciones pues ha generado un entorno de relaciones de todo tipo extenso, difuso, abierto, mutable y trasnacional, en cuyo seno se desarrolla una actividad delictiva a la que debemos hacer frente con eficacia”.
La Fiscal General ha recordado que en la Memoria presentada recientemente en el acto de apertura del año judicial, esta problemática figura entre las prioridades del Ministerio Público.
Segarra ha hecho un llamamiento para que exista una “respuesta nacional e internacional frente a los crímenes de odio en la red, como se ha puesto de manifiesto en una de las ponencias del curso”.
A lo largo de tres días se han abordado cuestiones relevantes en lo que se refiere a los delitos informáticos y cómo garantizar la seguridad en el ciberespacio, la regulación de derechos en la sociedad digital, el fenómeno de las criptomonedas y su incidencia en el proceso penal, la respuesta preventiva y sancionadora frente a ataques cibernéticos, los crímenes de odio o la defraudación de derechos de propiedad intelectual, entre otras materias.
Diversos ponentes han aportado su visión sobre esta materia: expertos en ciberseguridad, magistrados y fiscales especializados. El magistrado del Tribunal Constitucional y ex Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha explicado en su ponencia la importancia del respeto a los derechos fundamentales durante las investigaciones tecnológicas.
Asimismo, han participado, entre otros ponentes, Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Andrés Martínez Arrieta, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo. También han asistido los directores del Instituyo Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, Alberto Hernández Moreno y Fernando Sánchez Gómez, respectivamente. El curso ha estado dirigido por Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinadora de la red de Fiscales de Criminalidad Informática.
