El Senado francés da luz verde al impuesto digital y Estados Unidos decide investigar la iniciativa

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El Senado de Francia ha dado luz verde a la creación de un impuesto sobre las ventas de las plataformas digitales en su territorio del 3% sobre el volumen facturado. París ha librado una lucha de dos años en la Unión Europea (UE) con el objetivo de lograr unificar criterios para que el bloque económico impusiera de forma colectiva un impuesto de esta naturaleza, para impedir que haya una fragmentación de la medida, y un efecto limitado por las discrepancias. Sin embargo, no logró éxito en su intento y en abril pasado abandonó la presión para una acción colectiva por la negativa de Suecia, Irlanda y Dinamarca y una actitud poco clara de Alemania. La medida afectará a las empresas que facturen más de 750 millones de dólares de forma global, o más de 25 millones en Francia. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire reconoció que el impuesto “es imperfecto” en la medida que no recauda sobre el beneficio de las empresas sino sobre sus ventas; fuentes oficiosas han señalado que la medida “es perfectible”, y que el Elíseo no está dispuesto a seguir subsidiando a las grandes tecnológicas. España y Reino Unido han manifestado su voluntad de aplicar un impuesto de esta naturaleza, e incluso el Gobierno presidido por Mariano Rajoy había fundado parte de su último presupuesto en la aplicación de este impuesto que desde luego aun no había adoptado ni España ni la UE, cosas de prestidigitadores.
Le Maire ha declarado que Francia está dispuesta a retirar su impuesto cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) llegue a un acuerdo sobre la forma en que se debe aplicar a las grandes tecnológicas, que operan de forma global, un impuesto que refleje la actividad que las empresas desarrollan en cada país. De momento ese es un objetivo que carece de consenso en el seno de la organización multilateral, lo que hace previsible que una decisión se demore.

Washington ha luchado en favor de los intereses de las tecnológicas estadounidenses que controlan el mercado de las plataformas de Internet, bregando por el interés de su propio Tesoro, en la medida que cualquier fiscalidad sobre las tecnológicas que tributan en su país por el impuesto de sociedades reducirá la caja disponible para pagar impuestos en Estados Unidos. La disputa por la caja de las tecnológicas es un aspecto más de la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos.

La respuesta del presidente estadounidense Donald Trump ha sido instruir a su más alto funcionario comercial para que abra una investigación sobre el proyecto francés de aplicar el impuesto de marras. Esto implica que lo que se va a poner en marcha es un procedimiento del cual pueden surgir represalias contra los productos franceses, como los automóviles o los vinos, destinados al mercado estadounidense. El representante de Comercio estadounidense Robert Lighthizer anunció que emprendería una investigación bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense que regula las condiciones de reciprocidad internacional. De acuerdo con el alto funcionario la tasa digital francesa tiene por objetivo de forma injusta a las empresas estadounidenses del sector.

Antes de la aplicación de tarifas a los productos franceses, Washington y París deberán buscar un acuerdo negociado. Un día antes de la aprobación de la ley en el senado Lighthizer declaró que Washington “estaba muy preocupado” por la aplicación “del impuesto a los servicios digitales… El presidente nos ha indicado que investiguemos los efectos de esta legislación y determinemos si es discriminatoria o carece de racionalidad y supone una carga o una restricción para el comercio de los Estados Unidos”. Por el contrario, para el Ministerio de finanzas francés, el impuesto se ajusta a los acuerdos internacionales y constituye un despropósito utilizar instrumentos comerciales en represalia por la decisión francesa.

De acuerdo con fuentes del Ministerio francés de finanzas la medida va a afectar a unas treinta empresas, entre las que se encuentran Alphabet-Google, Apple, Facebook y Amazon, además de empresas de China, Alemania, España, y Reino Unido. También va a afectar a la plataforma de anuncios francesa Criteo. Bruno Le Maire señaló en el senado que los aliados deberían encontrar formas que no sean las amenazas para zanjar las diferencias y que “Francia es soberana y Francia decide sus propias normas fiscales, y esto seguirá siendo así”. Añadió que el impuesto debería ser un acicate para que Estados Unidos “acelere aun más  nuestro trabajo para encontrar un acuerdo para la fiscalidad internacional de los servicios digitales a nivel de la OCDE”.

El presidente Emmanuel Macron y el ministro Le Maire, que han colocado en un lugar preeminente de su agenda para la presidencia francesa del G7 el eslogan de ”hacer el capitalismo más justo”, quieren asegurarse que las grandes empresas tecnológicas paguen niveles razonables de impuestos en los países en los que obtienen sus beneficios. En realidad el concepto de justicia es una sustancia maleable que se amolda a los intereses de las economías en pugna por la dominación del mercado internacional. Estados Unidos condujo en 2017 una investigación bajo la sección 301 sobre las políticas de tecnología, propiedad intelectual e innovación de China.

Tras la investigación Washington descargó sobre las importaciones de China una barrera arancelaria de 250.000 millones de dólares desatando la guerra comercial entre los dos países. Para los intereses franceses, lanzar una investigación de este tenor contra su decisión es una medida agresiva ya que este es un tema que está en un debate multilateral dentro de la OCDE.