Si en los últimos días la vida política parlamentaria británica se había convertido en una sucesión de broncas diarias, la fatal imagen provocada por los enfrentamientos verbales en la Cámara de los Comunes ha llegado a la calle y penetrado en los centros de decisión empresarial del país. El Gobierno británico gestiona desde esta semana el peor escenario de su salida de Europa, movilizando al ejército y otras fuerzas de seguridad nacional y las empresas activando sus planes de prevención de crisis. Cambiarán las normas de circulación de mercancías y personas, los contratos de servicios y buena parte de los acuerdos y operaciones cuyo objeto sea la prestación de servicios entre sociedades de Europa continental y Reino Unido.
La reacción social y empresarial parece haber tomado la delantera a la política, con movimientos típicos y ya conocidos en crisis anteriores como es la acumulación de alimentos y medicinas o guardar dinero en los hogares. Estos días la prensa local británica se hace eco de algunas historias de acaparamiento de bienes, propias de una situación de crisis o pre crisis. Son, por otra parte, el reflejo de un programa de advertencias promovido el verano pasado a iniciativa del Gobierno, que advertía de la necesidad de tomar medidas de provisión para el caso de un fracaso en las negociaciones de salida. Y consumado el fracaso ha llegado la reacción ciudadana, de obediencia en este caso, activando los planes de `emergencia´.
Para emergencia están preparadas las empresas no británicas, conscientes de que el nuevo escenario recaerá sobre sus cuentas, sus servicios y productos, exportaciones e importaciones. Regreso al control de la circulación de mercancías y personas en la entrada y la salida de la isla. Evidente perjuicio económico para las compañías españolas exportadoras de bienes y servicios: el principal proveedor de automóviles de Reino Unido es España, y una cuarta de los vuelos sobre el país pertenecen a compañías angloespañolas.
Lo cierto es que, llegado al punto actual, con el Gobierno de Londres en fase de adopción de medidas de orden público, pre catástrofe (la población hace acopio de medicinas) y la Unión Europea firme y rígida ante una negociación ya concluida y cerrada (tras dos años) es probable que una salida abrupta de Reino Unido de la Unión, a tenor del ambiente que se respira, no convenga ya a ninguna de las dos partes. Lo cual estaría abriendo paso para una posible reapertura de las conversaciones -una especie de segunda ronda- con el objetivo de ajustar algunos puntos del texto de la negociación y suavizar los efectos que dejarían una huella perniciosa para el futuro, y no sólo en Reino Unido, sino también por varios años en Europa continental.
Entre ellos la evidencia comprobada en el pasado de que una recesión en las islas se proyectaría también sobre el continente, lastraría el crecimiento económico europeo durante varios años con el consiguiente daño para el empleo. Todos ellos aspectos económicos que, en definitiva, es lo que se juega Europa en este lance. Llama la atención que las autoridades españolas no estén advirtiendo ya sobre los problemas específicos que puede provocar un numeroso grupo de contratos, acuerdos y otras operaciones financieras que implican a sociedades y a particulares en su relación presente y futura con un mercado en el que previsible se impondrán nuevas normas. Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Austria y varios países ya han hecho públicas advertencias sobre los problemas que se pueden encontrar en apenas dos o tres meses.
