El 39% de los entrevistados cree que el hecho de realizar algún tipo de cambio en los datos fiscales enviados por Hacienda, esté directamente ligado al hecho de ser inspeccionado por la entidad.
Mientras que el 33,8% opina que cualquier tipo de cambio que pudieran hacer en sus datos fiscales no tendría un efecto directo sobre el hecho de ser inspeccionado o no, según se desprende de las conclusiones del informe ‘Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2016’, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda.
En relación con la actitud del contribuyente en el caso de que Hacienda no refleje correctamente los datos del contribuyente, cabe decir que si Hacienda refleja menos ingresos que los reales las respuestas de los entrevistados se reparten de manera similar, si bien el mayor porcentaje para le respuesta ‘No sabe’ y en cambio cuando Hacienda refleja más ingresos de los reales, el 50% de los encuestados modificaría los datos, reduciendo en todo lo que pudiera su deuda tributaria.
Los resultados obtenidos de las opiniones de los entrevistados relacionadas con los datos proporcionados por Hacienda, nos muestran que algo más de la mitad de los entrevistados está “bastante o muy de acuerdo” con la afirmación de que cumplimentar la declaración de la renta lleva mucho tiempo y prácticamente la mitad también lo está con la afirmación de que recogen los ingresos de los contribuyentes de manera completa y precisa.
Se han incluido preguntas sobre el grado de acuerdo o desacuerdo de algunas afirmaciones relacionadas con la utilización del servicio Renta Web a través del cual el contribuyente puede acceder a sus datos fiscales para presentar su declaración de la renta o IRPF. Se trata de un servicio que Hacienda pone a disposición de los contribuyentes.
Siguen siendo minoría la proporción de contribuyentes que cumplimenta por sí mismos sus declaraciones y son cada vez más los que acuden a la Agencia Tributaria, siendo la modalidad de ayuda profesional gratuita más utilizada. A su vez, continúa creciendo el grado de conocimiento y de utilización de los servicios de la Agencia Tributaria y en 2016 alcanza cotas aún más elevadas que la edición anterior.
En cuanto a la valoración de los servicios de la AEAT, dentro de los que no se abstienen de opinar predomina una valoración positiva de la capacidad que tienen tales servicios para resolver los problemas de los contribuyentes. Así lo ponen de manifiesto alrededor del 81% equivalente a una valoración de 2,9 (por encima del valor medio habitual de 2,5), valoración bastante homogénea al no apreciarse diferencia de las personas que han expresado su opinión manifiesta estar muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que la Hacienda Pública desempeña una función necesaria para la sociedad, concretamente el 89%, mientras que como contrapartida, un escaso 9% considera que si no se pagaran impuestos todos viviríamos mejor.
Repunta en la oleada de 2016 el hecho de que la economía sumergida ocupa un lugar preeminente en el imaginario colectivo como el tipo de fraude más pernicioso para la sociedad en su conjunto. Y al hablar de las consecuencias que ocasiona, se observa un incremento de personas que opinan que el incumplimiento de las obligaciones fiscales es directamente proporcional al hecho de que existan menos recursos para prestaciones sociales, y por lo tanto una mayor presión fiscal para aquellos que sí la cumplen.
Además de eso, hay que destacar que la mayoría de la población rechaza el comportamiento defraudador por razones de solidaridad y principios, seguido de algunos que justifican parcialmente cierto nivel de fraude para poder salir adelante. Los menos son aquellos que consideran que el fraude es algo consustancial a lo cotidiano.
Los entrevistados tampoco se decantan por considerar alguno de los servicios públicos y prestaciones como menos útiles o menos necesarias y el 75% considera que no hay ninguno que no sea necesario. Sí tienen una opinión acerca de lo que ya destacamos, que la sanidad es el más necesario, el más accesible y el mejor gestionado, aunque el que peor uso hacen los usuarios.
En el año 2016 hay un predominio de quienes piensan que el cumplimiento fiscal no ha mejorado en la última década, continuando la tendencia negativa que se inicia en 2008, donde el 74% de los ciudadanos considera que el pago de impuestos ha empeorado. Del 26% de los ciudadanos que perciben una evolución positiva, lo atribuyen a tres factores de importancia desigual tales como las retenciones salariales, la Inspección de Hacienda o la conciencia cívica ciudadana.
En cuanto al fraude fiscal, y como contrapartida a lo dicho más arriba respecto al cumplimiento fiscal, entre los ciudadanos entrevistados en 2016 continúa predominando la percepción relativa a un aumento del fraude fiscal en la última década. Así, casi un 86% cree que el fraude ha aumentado, frente a un escaso 14% que cree que ha disminuido. Al observar la evolución histórica de estas opiniones, la percepción de la evolución positiva del cumplimiento fiscal que se venía observando a lo largo de la serie parece que sufre en el año 2016, una leve mejoría después.
Ocurre lo que en oleadas anteriores, también se daba respecto a la corrección en el comportamiento tributario de determinados colectivos. Ahora, la opinión pública continúa manifestando su convencimiento de los colectivos que más defraudan a la Hacienda Pública son los empresarios, seguido por el de los profesionales liberales, los trabajadores autónomos y los rentistas, mientras que el colectivo de los asalariados y los agricultores son aquellos, que creen los encuestados, mantienen la conducta fiscal más honesta.
Las principales causas del fraude fiscal mencionadas en 2016 es, primero, la impunidad de los defraudadores. Le siguen la falta de honradez y falta de conciencia cívica, la ineficacia en la lucha contra el fraude y la presión fiscal excesiva. De este modo, los datos sugieren una pauta perceptiva popular que considera el fraude fiscal como un fenómeno multicausal.
Xavier Gil Pecharromán. publicado incr.es
