El Corporate Compliance consiste en el deber de cumplimiento normativo de las empresas y empresarios durante el ejercicio de la actividad social. Este concepto se materializa mediante la aplicación de un modelo de prevención de delitos, cuya finalidad es la protección de los intereses tanto de la empresa como de los trabajadores. Pero, ¿cómo surge esta práctica cada vez más presente en las distintas sociedades?
Se trata de un sistema ampliamente extendido en el mundo anglosajón que cada vez se está implantado más en territorio español. Una de sus primeras manifestaciones se produjo a través de la LO 5/2010, donde se introdujeron sanciones a las personas jurídicas en relación con determinados delitos. Pero no fue hasta la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal, donde se modificó el principio de “delinquere non potest”, cuando surgió el concepto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. De esta manera, si antaño a las empresas no se las podía considerar penalmente responsables, ahora sí.
Se atribuye responsabilidad penal a la persona jurídica en dos supuestos: cuando un representante legal o administrador de hecho o de derecho ha cometido un delito por cuenta y provecho de la persona jurídica; y cuando se ha cometido un delito por un empleado en el ejercicio de las actividades sociales, pudiéndose haber evitado con el debido control sobre su persona y actividad por parte de representantes o administradores.
Aplicar un modelo de prevención de delitos conlleva implementar distintos sistemas de control del cumplimiento normativo y prevención del delito, como medidas de vigilancia, la creación de un órgano con poderes para supervisar el cumplimiento del modelo, modelos de gestión de recursos financieros, canales de whistleblowing (para informar de riesgos e incumplimientos al órgano supervisor), un sistema disciplinario para sancionar el incumplimiento del modelo… entre otros. La finalidad es evitar que la sociedad incurra en contingencias penales y sus administradores en riesgo de responsabilidad personal.
Un entorno laboral seguro
Las ventajas principales del modelo de prevención de delitos empiezan por el hecho de que crea un clima generalizado de “cumplimiento de la ley” en el seno de la empresa. De esta manera, si la empresa se compromete con el cumplimiento de las leyes del sector, y sus representantes legales efectivamente lo hacen, los trabajadores lo identifican como algo común y tendrán una visión positiva tanto de su empresa como de la realidad legal. Algo que también previene la delincuencia de los propios trabajadores, puesto que el cumplimiento de la ley pasa a ser ejercido tanto por el empresario como por los trabajadores.
Además, el modelo de prevención de delitos da a la empresa una apariencia externa mejorada y una visión más positiva de su conjunto frente a proveedores, clientes y agentes; así como también frente a la competencia, dotando a la sociedad de un valor añadido. Y es que si la empresa es responsable de sus acciones, este hecho puede convertirse en un incentivo a la hora de hacer negocio.
todo lo anterior hay que añadir que una empresa que posea un modelo de prevención de delitos puede ser eximida de responsabilidad penal frente a posibles conflictos societarios. En el caso de no contar con este modelo antes del suceso, si posteriormente lo incorpora y coopera de forma activa con la autoridad judicial, se le puede aplicar un atenuante.
