La Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo copada por la policía. Era la imagen que podía verse ayer en estas instalaciones del campus cacereño, donde comenzó el juicio por blanqueo de capitales con más acusados celebrado hasta ahora en España; hay 117 (61 mujeres y 56 hombres), a los que se imputa haber defraudado 13 millones de euros procedentes del tráfico de drogas. En el banquillo se sentaban 34 padres de menores de edad con abultadas cuentas bancarias (entre todos suman casi 5 millones de euros).
Más de una veintena de agentes nacionales y locales (Delegación del Gobierno no precisó exactamente el dispositivo alegando motivos de seguridad) se encargó de controlar las inmediaciones, con amplias medidas de seguridad dado la cantidad de personas que se congregaron: los 117 imputados, la mayoría de etnia gitana, fueron acompañados de gran parte de sus familiares.
Así se restringió el acceso al lugar de celebración del juicio solo a las personas que estaban acreditadas (acusados, magistrados, letrados, la representante del Ministerio Público, funcionarios de la Audiencia y medios de comunicación). El resto permaneció en las inmediaciones, que estaban delimitadas por vallas. También se instaló un arco de seguridad justo en la entrada a la sala de vistas, lo que retrasó el comienzo del juicio unos 45 minutos.
El Ministerio Público les acusa de blanquear en total 13 millones de euros procedentes de la venta y distribución de estupefacientes entre 2005 y 2014. Considera que todos ellos han disfrutado de un nivel de vida elevado que no se corresponde con su capacidad económica. Así, para dificultar que se identificara que ese dinero provenía del tráfico de drogas, el Fiscal cree los acusados, relacionados familiarmente, estaban organizados en forma piramidal. La banda la encabezaban los cabecillas y titulares de los fondos, seguidos de los encargados de introducirlos en el circuito financiero, de los titulares o autorizados de las cuentas bancarias o productos financieros y de los encargados de realizar los reintegros.
Abrieron cuentas corrientes, muchas a nombre de menores de edad (a nombre de un niño de 8 años figura una cuenta de 300.000 euros). Unas eran consideradas «cuentas puente», en las que nada más ingresar el dinero se traspasaba a otras en otras entidades bancarias o bien se retiraba en efectivo. Algunas de ellas se dedicaban para adquirir préstamos y otras para invertir.
Los hechos juzgados ocurrieron entre 2005 y 2014 y los acusados, pertenecientes a varias familias de etnia gitana, proceden principalmente del barrio San Lázaro en Plasencia, aunque también los hay que tienen su residencia en Cáceres, Navalmoral de la Mata, Madrid y Málaga.
Sobre ellos (64 mujeres y 59 hombres) pesa un presunto delito de blanqueo de al menos 13 millones de euros procedentes del tráfico de drogas. Según la Fiscalía, muchos de los acusados abrieron cuentas corrientes a nombre de menores de edad de su propia familia.
La cuentas eran con imposiciones a plazo y otros productos bancarios que permanecían operativos unos años y después se cancelaban bien sacando el dinero en efectivo, o mediante traspaso o transferencias.
Los abogados defensores de algunos de los 117 acusados han coincidido en defender que el dinero de sus clientes procede de los ahorros de su trabajo. Antes del inicio de la vista, el letrado Estanislao Martín, defensor de seis acusados en este procedimiento, uno de ellos considerado cabecilla, conocido como ‘El pastor’, también ha considerado que la acusación del fiscal es «absolutamente genérica» para todos y, ha señalado que, es un «proceso contra una etnia».
Por su parte, Abel Martín Domínguez, letrado defensor de tres personas, ha asegurado a los medios de comunicación que, hay un «número importante» de familias que no tienen nada que ver con el «núcleo duro».
Otro de los abogados es José Antonio Cartagena, defensor de tres matrimonios acusados, uno de ellos de 80 años que, según ha apuntado el letrado, tiene 60.000 euros ahorrados de «toda su vida». «Son jubilados, eso significa que han estado trabajando y, si con ochenta años no se puede tener diez millones de pesetas ahorrados, entonces para qué trabajamos», se ha preguntado Cartagena.
