El Ejecutivo español dice haber recibido y atendido la sugerencia de la presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión (MUS) Danièle Nouy, para que la justicia española investigue la posible existencia de un «uso ilegítimo de información privilegiada» en la caída de depósitos (18.300 millones de euros menos) del Banco Popular en las semanas previas a su venta al Banco Santander. Pero la «atención» o respuesta a Nouy, ha sido negativa. Por tanto, el Gobierno español no tiene pensado promover una investigación al respecto porque, entre otros, considera que los medios de comunicación ya se habían encargado de hacer pública la situación de la entidad. Es este, sin embargo, un tema que se presenta capital en tanto que puede convertirse en argumento favorable a varias de las tesis que preparan actualmente abogados de los demandantes, de los inversores, de grandes patrimonios familiares, empresas privadas, fondos de inversión y de pensiones, así como las más de 200.000 personas físicas con acciones del banco en el momento de la resolución. Si no lo logra Nouy serán los defensores de los accionistas quienes fuercen, a través de sus demandas, la investigación de la justicia española. Sin duda, un asunto incómodo para el Gobierno habida cuenta de la posible implicación de una veintena de instituciones públicas en la `operación retirada´ de depósitos y venta de acciones del Popular.
En principio, el razonamiento ofrecido por el ministro de Economía, Luis de Guindos a la presidenta del MUS, Nouy sirvió para poco. El ministro español envió una contestación al supervisor europeo, señalando que no existió ventaja alguna de los clientes que retiraron sus depósitos antes de la resolución sobre los que decidieron mantenerlos. Al ministro no le falta razón, pues la retirada de depósitos (y 18.300 millones son muchos millones) se concentró, principalmente, en los clientes minoristas y no institucionales públicos ni mayoristas privados.
Pero la contestación no parece haber despejado las dudas de la autoridad supervisora y ha vuelto a reclamar «algunos detalles sustanciales» de la huida del dinero, puesto que la salida de depósitos respondió a una caída de la cotización de las acciones, a los rumores sobre una inminente intervención del banco así como de una actividad intensa de las calificadoras en una constante revisión a la baja de las notas, y a la postre con un rating que determinó la salida de grandes fondos de inversión.
En el Gobierno español consideraron que la sugerencia de la responsable supervisora llevaba implícita una desviación de la causa real de la resolución, de modo que ésta estaría justificada en la retirada de depósitos y no por un problema de solvencia como se aseguró desde el principio. De ahí que el ministro De Guindos haya contestado a Nouy que la retirada de fondos se llevó a cabo por parte mayoristas y de minoristas, y como consecuencia de la caída estrepitosa de la cotización de las acciones. la salida de depósitos por parte de los institucionales fue consecuencia, por otro lado, del rating a la baja que semana sí y semana también le asignaban las notas de las calificadoras.
De la misma forma que el ministro español resta responsabilidad a la CNMV -el organismo encargado de controlar y conocer las salidas de fondos del Popular- y valora como suficiente la información del Banco de España sobre el estado del balance de la entidad, la presidenta del MUS insiste ahora, por segunda vez a través de una nueva comunicación al ministro de Economía, en que sigue habiendo margen para investigar si hubo uso de información privilegiada en los últimos cuatro meses previos a la resolución. La insistencia de Nouy lleva a la conclusión de que fue la huida de los depósitos la causa que precipitó la caída del banco dado los problemas existentes por falta de liquidez.
Si bien es cierto que el inicio de un procedimiento de investigación sobre los movimientos de depósitos no depende de la iniciativa del MUS, las autoridades de Bruselas sí creen que debería ser el ministerio de Economía español la instancia capacitada para solicitar la intervención de la justicia para que investigue los hechos (la salida de depósitos). A punto de cumplirse un mes de la resolución del Popular, se mantienen las dudas sobre la existencia de información privilegiada que colaboró a una mejor protección de los depositantes (mediante la retirada del dinero) y que a la postre pudo resultar decisiva, como desencadenante, en la caída de las acciones en Bolsa. Los abogados defensores ya saben hacia donde van a dirigir sus demandas. La justicia determinará, investigación mediante, si hubo información privilegiada, de paso, fijará la responsabilidad del Estado y que podrá ampliar también a las instituciones europeas.
publicado en: icnr.es
