Treinta y seis personas han sido detenidas y una más investigada como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a estafas masivas en el ámbito de la multipropiedad de la Costa del Sol. La investigación, que sigue abierta y podría arrojar nuevas detenciones, ha concluido que los implicados podrían haber defraudado 17 millones de euros con unos beneficios netos que alcanzarían los 12 millones, mientras que las víctimas, mayoritariamente británicas, podrían ascender al medio millar. Además del cabecilla, un británico que ya fue detenido en 2015 en el marco de una operación similar con 56 detenidos y al menos 500 afectados, han sido arrestados su mujer, su hijo, la nuera y dos abogados.
Según explicó ayer el comisario provincial de Málaga, Francisco López, que estuvo acompañado por el comisario jefe Ángel Barros y el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, las cantidades estafadas iban desde los 600 a los 3.000 euros por familia, dinero que pasaba a las cuentas de los colaboradores de la organización, quienes se quedaban con una comisión antes de derivar el resto de dinero al líder. Posteriormente, un despacho de abogados españoles con sede en Benalmádena se encargaba de blanquearlo con la compra de inmuebles y terrenos. La operación ha sido posible gracias a la denuncia que en octubre del año pasado puso otro letrado de Benalmádena que representaba a 33 víctimas y que destapó cómo una empresa había contactado con ellos para ofrecerles adquirir un paquete vacacional de tiempo compartido para lo que tuvieron que pagar unos gastos de gestión, y que una vez hicieron el desembolso no pudieron disfrutar nunca de esos derechos. La intervención policial ha incluido cinco registros y la intervención de 126.000 euros, siete vehículos, entre ellos un Ferrari, joyas y piedras preciosas. Las primeras pesquisas encaminadas a determinar el lugar desde el que operaba la sociedad dieron como resultado la localización de tres empresas desde las que se habían realizado las operaciones fraudulentas. Posteriormente, los agentes hallaron un entramado organizacional delictivo compuesto principalmente por seis personas, el principal investigado –autor intelectual–, su mujer, su hijo y su nuera –personas de su total confianza que ocuparían el eslabón más próximo a él–, dos letrados –que serían los encargados del blanqueo de capitales– así como una treintena de colaboradores necesarios para llevar a cabo los fraudes.
