La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, ha citado a declarar el 6 de octubre como investigados a trece miembros de la presunta red de blanqueo de capitales en España de excargos del Gobierno de Venezuela y a 30 personas jurídicas, Las pruebas recabadas muestran que los imputados introdujeron en España alrededor de 30 millones de dólares de sus clientes venezolanos, a quienes ofrecían un supuesto trato de favor de la ‘policía política’ en la ‘era Rajoy’ a cambio de, entre otras cosas, informaciones contra Podemos.
Entre los imputados se encuentra uno de los presuntos cabecillas de la trama, el abogado José Aliste Martín, vinculado precisamente a José Manuel Villarejo, según consta en las agendas del comisario interceptadas por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Según la investigación desarrollada por la Policía, Aliste habría cobrado al menos 1.100.000 euros de los excargos del Gobierno de Hugo Chávez.
También ha sido citado como imputado el ciudadano norteamericano Martín Alberto Rodil, quien actuó como abogado del exministro Rafael Isea, cuando este se reunió en el Consulado de España en Nueva York con tres policías españoles, que según la prensa ofrecieron al excargo venezolano medidas de protección personal a cambio de su ayuda para rastrear los fondos pagados en 2008 por Venezuela a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), considerado el embrión de Podemos.
El ciudadano argentino Luis Fernando Vuteff García también ha sido citado como investigado, al igual que Daniel Renuncio Mateos, Concepción Valenzuela, Alberto Galán Fereres, David Barriguete Mendo, Noelia Serrano Ramos, José Manuel Betanzos, Guillermo Martínez Jiménez, Ignacio Sánchez Cumba, Ralph Steinmann y José Vicente Amparán Croquer.
El oficio policial de la operación policial denominada Caranjuez destaca que Vuteff y Sánchez Cumba se encargaban de recoger dinero en efectivo para después entregárselo a, entre otros, los ahora imputados Alberto Galán y Daniel Renuncio. Un testigo asegura que la red cobró al menos 50.000 euros del exviceministro de Energía Nervis Villalobos; 25.000 euros del exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa; y 25.000 euros del exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia Carlos Aguilera. Estos pagos se realizaron, siempre según el testigo, mediante transferencia bancaria.
El citado testigo aseguró que Villalobos y Alvarado Ochoa asistieron a tres reuniones celebradas en hoteles de Madrid con los integrantes de la red de blanqueo. Y en ellas el abogado Aliste se encargó de asistir legalmente a Alvarado Ochoa.
COLABORADOR DE LA DEA
A estas reuniones acudió Martín Rodil, quien aseguró ser colaborador de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA). El testigo destacó que tanto Villalobos, como Alvarado Ochoa y Aguilera desarrollaron una estrategia común para recuperar los fondos que escondían en el banco portugués Espírito Santo, cuyo origen estaba en el desfalco de los fondos de la petrolera de Venezuela (PDVSA).
Los tres excargos del Gobierno de Caracas contrataron los servicios de Alberto Galán Fereres, que se encargó de mover el dinero de sus clientes «a través de la organización criminal investigada, constituida en torno al Grupo Swissinvest», concluyó el testigo, según consta en el oficio policial de diciembre de 2020 de la operación Caranjuez. Esta estructura de blanqueo también habría servido para canalizar un pago de Villalobos de 867.249 euros, concluyen los agentes en el mencionado oficio policial.
Pero el hallazgo de una mochila con documentación ha aportado nuevos indicios de que el presidente del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, también habría utilizado una empresa de Hugo Gois, -a quien se vinculada con la trama-, para canalizar fondos procedentes de la sociedad Eaton. En concreto, entre los documentos encontrados se incluye un esquema manuscrito que establece que tanto Villalobos como Gorrín transfirieron dinero a las sociedades de Martín Rodil, que a su vez enviaron sumas similares a las empresas controladas en España por Alberto Galán y el abogado José Aliste Martín. Para hacerlo usaron la estructura societaria creada por los argentinos Vuteff y Gois.
