Detectives, financieras y agencias de cobro pagaban a 20 euros cada informe.
Traficaban con cientos de datos personales y laborales de carácter reservado de desempleados de toda España y cobraban cada informe a precios de 10 a 25 euros. La trama se remonta al 2010 y tuvo como uno de sus escenarios a Vigo, entre otras ciudades. En el 2019, los cabecillas de la venta de datos confidenciales fueron condenados por la Audiencia Provincial de Murcia a 21 meses de cárcel por un delito continuado de revelación de secretos. Una de las condenas recayó en un intermediario vigués acusado de suministrar datos de 360 parados a un cliente de la Travesía de Vigo, que le pagó 500 euros y los revendió a un detective privado y a una agencia de investigación comercial de Madrid. Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y 9 meses de cárcel para ese intermediario que hacía gestiones de cobro. Lo consideraron un cooperador necesario. Fue absuelto de cohecho (soborno).
Todo empezó en el verano del 2010. El cerebro de la trama era un falso detective y perito judicial de Santa Pola, en Alicante, que corrompió al director de la Oficina de Empleo de Bullas, en Murcia, a punto de jubilarse. Aprovechando su cargo, podía consultar información confidencial de los desempleados en las bases de datos Silcoin y Silcon de la Seguridad Social. Luego, su jefe los revendía a sus clientes. El director accedía las cuentas de cotización del Inem y la de afiliados, y los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y la Plataforma de Orientación Laboral.
El informe de cada trabajador aportaba su nombre completo, año de nacimiento, domicilio y teléfono, DNI, CIF de las empresas en las que estuvo empleado, fechas de alta y baja como autónomo o demandante de empleo, grupo de cotización y la prestación de subsidio que percibía, la cuantía, período de abono y el banco donde las cobraba.
Los clientes eran agencias de detectives, financieras, asesores comerciales y empresas de recobro que querían averiguar la solvencia de ciertas personas concretas y hacían sus encargos a través de un correo electrónico. Pagaban a diez euros cada informe. El intermediario cuya condena fue ratificada por el Tribunal Supremo era un reclutador residente en Vigo que ya fue condenado en el 2001 por cohecho y revelación de secretos. En septiembre del 2010, el vigués le ofreció ser cliente de la trama a un viejo amigo de Vigo que administraba una empresa de gestión de cobros e investigación comercial sita en la Travesía de Vigo.
Al poco, el cliente de Vigo pidió datos de 360 trabajadores, el director de la oficina de empleo de Bulla los buscó y entregó. Sin embargo, el comprador vigués se quejó de que había datos erróneos, por lo que su amigo intermediario y el jefe de la trama viajaron a finales de octubre a Vigo a resolver el asunto y cobrar. Se reunieron en la oficina del cliente de la Travesía de Vigo a revisar todos los expedientes. Tras llegar a un acuerdo, el cliente de Vigo depositó un sobre con 500 euros en la barra de una cafetería como pago por la información parcial facilitada y lo recogieron. En el juicio, alegaron que el dinero fue como pago del alquiler de un bungalow.
Consta que, al menos, el cliente de Vigo revendió 60 expedientes a un detective privado de Madrid, a 14 euros cada uno. El Tribunal Supremo recalca que esos informes fueron comprados «a sabiendas de su ilícita procedencia y del carácter reservado». Luego, el detective cobró 25 euros por cada informe a entidades financieras. El cliente de Vigo también le colocó sus dosieres a 25 euros a una empresa de verificaciones registrales de Madrid y cerró un encargo de 502 informes de parados que hizo un cobrador de A Coruña.
Los cabecillas de la trama desconocían que en otoño del 2010 la Policía Nacional les siguió la pista hasta Vigo. Cuando el intermediario y el jefe se citaron en esta ciudad para visitar al cliente de la Travesía de Vigo fueron vigilados un agente de paisano. Este vio cómo el intermediario, al que ahora el Supremo confirma su condena, recogía al cerebro de la trama en la estación y lo alojaba en su piso. El policía siguió a ambos a la cafetería y vio cómo un camarero entregaba un sobre al jefe, el cual, tras examinar su contenido, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Repartió su comisión con el intermediario y entregaron el resto al director de la oficina de empleo.
Para gestionar los encargos de datos confidenciales de parados, la trama se valió de un truco de espías que incluso emplean los narcos para comunicarse sin dejar huellas digitales que la policía pueda rastrear. Para ello, crearon una cuenta de correo electrónico compartir la clave de acceso con el cliente de Vigo, el cual escribió la lista de los 360 nombres que le interesaban y colocó los archivos con el contenido en la carpeta de borradores. Cuando el director de la oficina de empleo de Bullas cumplió el encargo, depositó los archivos como borrador. El texto no se envía pero el usuario lo puede consultar en la cuenta. Los pagos eran en mano.
El intermediario y su cliente de Vigo hicieron otra gestión en Galicia en noviembre del 2010. El administrador de una gestora de cobros de A Coruña les encargó 502 nombres en distintos listados que colocó en la carpeta de borradores en una cuenta que tenía como clave Matalobos, en referencia al título de una serie policíaca gallega. Pagó 2.500 euros.
