La Audiencia Nacional revoluciona el caso Villarejo. La Sala de lo Penal ha admitido el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha vuelto a imputar a Repsol y CaixaBank, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al expresidente del banco y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé. A través de una resolución dictada este mismo lunes, el tribunal revoca la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón, que archivó la causa contra ellos el pasado 29 de julio. En estas pesquisas se investiga cómo ambas compañías contrataron a Cenyt, el grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para ejecutar una supuesta operación de espionaje en 2011 contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr y que pretendía hacerse con el control de Repsol tras un pacto con la mexicana Pemex.
El escrito de la Sala de lo Penal inflige un duro golpe a la defensa y pone en la diana a la cúpula de ambas compañías. A lo largo de 45 páginas, los magistrados repasan la instrucción y subrayan que existen “indicios” de que la contratación del comisario partió de Brufau y que, además, “este fue informado con detalle de los resultados” de las gestiones que hacía Cenyt, que incluyó el presunto acceso a bases de datos confidenciales. “Información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos”, destaca la resolución de este lunes. Según los investigadores, supuestamente Isidro Fainé también estaría al tanto del encargo.
Durante su declaración ante el juez, los dos directivos admitieron que mantuvieron una conversación en 2011 y acordaron mover ficha ante los intentos de Del Rivero de hacerse con el control de Repsol. “Le planteé a Fainé que sería bueno que las dos áreas de inteligencia corporativa colaborasen juntas para profundizar más en el pacto [entre Sacyr y Pemex]”, detalló Brufau. “Me dijo que averiguaría sobre este tema, que ya había empezado. Eso fue lo que me dijo, nada más. Yo le dije: ‘Hablaré con mi jefe de seguridad para que hable con el tuyo”, remachó Fainé. Pero ambos añadieron que delegaron entonces en sus respectivos jefes de Seguridad, que se encuentran procesados por estos hechos, y que nunca supieron que se había contratado a Villarejo.
“A mí jamás se me comunicó el nombre de la empresa”, alegó el presidente de Repsol. “Yo no sabía que existía Cenyt”, expuso el expresidente de CaixaBank. También negaron que, en algún momento, les llegara algún dato confidencial de las víctimas.
Sin embargo, la Sala de lo Penal pone en duda sus palabras y ordena reabrir la investigación contra ellos. También, contra las propias Repsol y CaixaBank como personas jurídicas: “Hay base indiciaria suficiente para contemplar una posible exigencia de responsabilidad penal de ambas compañías, por lo que procede realizar determinadas diligencias antes de decidir la conclusión de la instrucción respecto a ellas”, argumenta el tribunal en su resolución, donde recalca que constan indicios de que no se aplicaron “debidamente” los controles de sus respectivos “planes de prevención” para evitar este tipo de prácticas ilícitas.
Entre las pruebas esgrimidas para reabrir esta causa, el tribunal hace hincapié en el documento denominado Charla-2.11.11, que detalla el contenido de una reunión mantenida el 2 de noviembre de 2011 en un restaurante entre Villarejo y los jefes de Seguridad de la petrolera y el banco, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank). Una especie de “acta de reunión”, en palabras del juez instructor, al que la Fiscalía y la Policía conceden verosimilitud; y donde se plasma el presunto conocimiento directo de Fainé y Brufau del encargo de espionaje. “R [en referencia a Rafael Araujo] dice que BRU [Brufau] le ha llamado desde Cannes para preguntar si hay ya algún dato de interés, a lo que le ha contestado que estaba en ello (eso al menos da a entender)”, recoge la “charla” interceptada a la trama. También se lee: “BRU le ha preguntado qué era lo que sabía del trabajo encomendado”; “Ambos, BRU y FAI, [Fainé], intercambian datos y han hablado de la conveniencia de ir juntos en este asunto”; y “MA [Miguel Ángel Fernández Rancaño] insiste en ‘determinar el perímetro’ porque por la tarde tenía que despachar con su ‘señorito’, posiblemente por referencia a FAI”.
Las pesquisas contra la energética y el banco constituyen la línea de investigación número 21 del macrosumario del caso Villarejo. El comisario bautizó este encargo como Proyecto Wine y, según la instrucción, cobró 413.600 euros de Repsol y CaixaBank entre 2011 y 2014. Pero García-Castellón, tras desimputar a ambas compañías y a sus dos máximos directivos, descargó toda la responsabilidad en los jefes de Seguridad de las dos empresas. Según el juez, estos “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos”, por lo que ningún otro alto ejecutivo de ambas “tomó parte en las negociaciones con el Grupo Cenyt, ni participó en las reuniones, ni dio órdenes de que se llevasen a cabo tales investigaciones”.
Tras el dictamen de la Audiencia Nacional, Repsol manifestó la “absoluta corrección” con la que, a su juicio, se ha actuado por parte de la compañía, sus consejeros y empleados en este asunto. Según la empresa, ello queda acreditado en las conclusiones del juez instructor, que archivó la causa el pasado julio. La compañía dijo reafirmarse en “su compromiso de plena colaboración” con la justicia. Fuentes de Caixabank sostuvieron que la entidad “va a seguir colaborando para facilitar cualquier información o declaración adicional, tal y como está pidiendo la Sala”. “Tenemos la convicción de que estas diligencias llevarán a que se dicte una nueva resolución de sobreseimiento”, han añadido.
Irregularidades detectadas en las empresas
A la hora de volver a imputar a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, el tribunal enumera toda una batería de irregularidades detectadas en la investigación. Los magistrados explican que, entre otros aspectos, la energética fraccionó en tres encargos la contratación de Villarejo en 2011 y 2012, lo que permitió que fuera aprobada por Araujo sin intervención de otros niveles; o que la descripción de los servicios en las facturas no corresponde a los realmente prestados. En el caso del banco, los jueces inciden en que, por ejemplo, el contrato con Cenyt fue verbal y no consta ningún documento de que los servicios jurídicos autorizasen esa contratación verbal.
