El empresario jamonero acreditó mediante la contratación de un detective privado que el gerente seguía utilizando el coche para usos no relacionados con Badía, sino para otra empresa de supermercados de la que era representante.
En la causa figura ya un primer informe de la Policía sobre la administración concursal de Jamones Badía. Lo ha hecho el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Sevilla. En el mismo, la Policía constata una serie de irregularidades y ve indicios de delitos como el de administración desleal. También se investigan pagos en B y ventas de inmuebles por precios muy inferiores al valor de mercado.
A los investigadores les «extraña» que algunos de los activos de la empresa se malvendieran, como ocurrió con unas fincas tasadas en más de 1,1 millones de euros que se terminaron vendiendo por 650.000 euros. Es, a juicio de la Policía, «poco entendible que las propiedades se hayan vendido casi por la mitad de su valor». En esta operación, Badía denunció pagos en B, pues se llegó a un acuerdo por 1.050.000 euros. Se aprecia, según la Policía, «objetivamente un perjuicio causado a las concursadas por la poco exitosa venta del activo».
Igualmente, el informe destaca la tardanza del administrador en vender los activos de la compañía, pues «se aprecia que desde que se aprobó el plan de liquidación de las concursadas el día 17 de abril de 2017 hasta que se realiza la primera venta inmobiliaria dentro de dicho plan, concretamente el 26 de junio de 2019, transcurren algo más de dos años».
El documento incluye unas tablas comparativas en las que figuran las propiedades de la empresa, el valor estimado de las mismas y el precio final por el que se vendieron, siempre muy inferior al primero. Muchas de ellas fueron adquiridas por los bancos al ejecutar las hipotecas. «El dinero recaudado por la venta de las fincas difiere muy negativamente de su valor. Todas las fincas han sido vendidas muy por debajo del que sería su valor real de mercado», dice la UDEF.
Otra de las acusaciones que Badía hacía al administrador era la de agravar la situación de insolvencia de la compañía, pues alquiló unos bodegones a una entidad que no sólo no le pagó, sino a la que tuvo que indemnizar después para sacarla de ellos e intentar vender los inmuebles. La sociedad arrendataria habría generado una deuda con Jamones Badía de 368.562,44 euros, que correspondería a los impagos del arrendamiento de los bodegones, suministros eléctricos, agua, etc.
«El alcance de dicha cantidad adeudada suponen muchos meses de impago del arrendamiento, incluso años, lo que hace resultar sorprendente que no se haya actuado previamente por la administración concursal, tomando medidas para obtener el desahucio judicial por impago y rescindiendo los contratos de arrendamiento, impidiendo así que se generara tan alta deuda», dice la Policía. Finalmente, los bodegones no se vendieron y fueron ejecutados por el BBVA dentro del periodo liquidación.
Jamones Badía terminó abonándole 300.000 euros a la empresa que le había arrendado los bodegones, a pesar de los impagos de ésta. Esta cantidad era una indemnización por incumplimiento de contrato. «Se hubiera esperado una acción más determinante por el responsable de la administración de las sociedades concursadas, iniciando con antelación la solicitud de las medidas judiciales oportunas para la cancelación de los arrendamientos de los bodegones por impago antes» de que la deuda creciera.
