Clamor empresarial contra el Gobierno por su negativa a suspender los impuestos

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Los Gobiernos es esfuerzan estos días en promover medidas que consigan eliminar el sufrimiento de la población y más en concreto a muchos colectivos que en esta, como en cualquier otra crisis, resultan ser los más dañados, colectivos sociales abocados a una pérdida drástica de ingresos como consecuencia de la caída de la actividad económica. Esfuerzos cuyos resultados y eficacia se podrán comprobar en el medio plazo, cuando la caída de la economía comience a mostrar las primeras cifras del deterioro profundo que se espera. En este trabajo, las autoridades ponderan estos días la capacidad de endeudamiento del Estado y si los nuevos déficits que se empezarán a ver en los próximos meses, como consecuencia de los compromisos de gastos y ayudas públicas, podrán ser asumidos en el futuro y a qué precio. Está claro que el escenario no es el más propicio para mantener los acuerdos con las autoridades europeas respecto a la aplicación y el respeto por la ortodoxia económica. Ahora no hay ortodoxia que valga, entre otras cosas, porque la situación es excepcional y porque precisamente es en estos momentos cuando se pueden saltar déficits y ortodoxias económicas y fiscales. Es en estos meses, en el segundo trimestre del año y antes del verano cuando los primeros efectos se vean con mayor claridad, si bien, será preciso esperar varios trimestres más para comprobar la profundidad y la intensidad del golpe económico, social y laboral de la pandemia.
No será fácil, porque no será inmediato, la vuelta a la normalidad para colectivos de trabajadores no precisamente insignificantes, dado que el formado por autónomos, será el más dañado por la caída de la actividad, por el parón de la actividad de las medidas del Gobierno. No parece tampoco un acierto la panoplia y abrumadora cantidad de normas tendentes a suavizar o limitar el sufrimiento de colectivos muy diversos, diferentes y tan distintos que sería un milagro que las medidas constituyeran un acierto para todos: siempre habrá algunos colectivos olvidados o marginados, dada la diferente naturaleza de sus funciones y actividades.

En cualquier caso, el denominador común, no se cansan de repetir los empleadores y los propios autónomos, es la obligación del pago de tributos y demás impuestos conforme a los calendarios fijados previamente, pero que ahora, como consecuencia de la situación son flexibilizados, aplazados y ampliados. Los expertos hacen hincapié en la insuficiencia de las medidas, y el Colegio de Economistas señalaba estos días la ineficacia de estas medidas si no son acompañadas por otras que contemplen una moratoria larga o, como los empresarios en Cataluña, un calendario de devolución de pagos tributarios adaptados a las necesidades de los empresarios y de los autónomos.

No parece justo, se mire por donde se mire, que estos trabajadores se vean obligados a pagar sus cuotas a la Seguridad Social cuando ya han sufrido y sufrirán caídas en la facturación. Y tampoco parecería muy justo si se tiene en cuenta la incierta duración de esta crisis que, como otras, tendrá dos partes: la primera, relativa al golpe con el derrumbe de la actividad económica, y la segunda, de más largo plazo recuperación y regreso al punto de partida, a febrero de 2020, cuando comenzaron a notarse los primeros efectos económicos de la pandemia. Es la distancia que media entre un mal trimestre (o dos) y una recesión, ambas necesitadas de distintas medidas y terapias.

En este escenario, el Gobierno parece haber comenzado, sin embargo, a situar el punto de mira en el largo plazo, quizá en el convencimiento de que la única salida posible del agujero de la crisis sanitaria se puede hallar en sectores estratégicos de siempre, caso de la exportación y para el que todavía las medidas de protección y estímulo se consideran insuficientes. Puede ser el sector que evite que la crisis económica en España se suavice. No sería la primera vez que el sector exportador saca de apuros a la economía. Y quizá sea el único sector a tener en cuenta de forma inmediata si se considera que el turismo y la automoción tienen un camino muy largo para la recuperación.

Y así todo indica que el Gobierno tiene una solución para no profundizar en el bache de la crisis que llevaría a la economía española a una recesión severa y seguramente más duradera que en otras crisis, mientras sigue, según parece, sin tener claro que para salvar empleos es preciso salvar empresas, y que tanto estas como los trabajadores autónomos son hoy el problema del Gobierno en el corto plazo y las ayudas en forma de avales lanzadas en un primer momento van dirigidas a las medianas y grandes empresas, a las importadoras y exportadoras. Y estas son el problema de medio y largo plazo. Del acierto o desacierto en la prioridad en las medidas adoptadas depende que el Gobierno se cargue el empleo y las pequeñas empresas.