Un fallo de seguridad en LexNET, la red del Ministerio de Justicia que todos los abogados de España están obligados a utilizar para presentar escritos y relacionarse con la Administración, ha dejado al descubierto miles de casos, documentos, notificaciones y expedientes. La brecha fue comunicada durante la mañana de este jueves al departamento que dirige Rafael Catalá por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas. La dimensión de la misma obligó a suspender el servicio entre las 15.35 y las 16.35 horas, según fuentes oficiales, y a realizar un examen del sistema durante más de cinco horas por parte de un equipo encabezado por el subdirector general de Nuevas Tecnologías del Ministerio, José Luis Hernández.
El agujero de seguridad, calificado por los abogados consultados por 20minutos como «extremadamente grave», permitiría que un usuario del sistema (unos 150.000, según fuentes no oficiales) consultase los casos de otros letrados. Se ha descubierto un fallo que permite acceder a todas las carpetas del resto de abogadosLexNET es la vía de comunicación de los profesionales con los juzgados, por lo que la entrada en los buzones ajenos (que constituye un delito) daría entrada a las pruebas, documentos, recursos, mensajes o datos personales (números de identificación, cuentas bancarias, domicilios, etc.) de los implicados en cada procedimiento en curso. «Se ha descubierto un fallo de tal magnitud que permite a cualquier usuario acceder a todas las carpetas del resto de abogados de España y no sólo consultarlas, sino incluso descargar notificaciones (…) Piensen cuán divertido puede resultar leer las resoluciones de determinados procesos que están en la mente de todos», advirtió el decano de los abogados de Cartagena tras advertir a las autoridades.
El Ministerio ha negado que cualquier abogado pudiera acceder a cualquier expediente, aunque no ha detallado el alcance del fallo, si se han producido entradas ilegales o durante cuánto tiempo ha permanecido expuesto el sistema, que fue implantado en enero de 2016 como parte de la apuesta del Gobierno por el ‘papel cero’ en los juzgados.
