La espera no ha merecido la pena. La Unión Europea había adquirido el compromiso de adoptar algunas medidas tendentes a limitar, ordenar y señalar mediante una lista negra los paraísos fiscales.
Incluso se avanzó que estaba dispuesta a penalizar a los mediadores o `conseguidores´ de la evasión fiscal. Pero nada se ha hecho y ni siquiera las iniciativas legales que se daban como seguras, llegaron a aprobarse en la reunión de responsables de Hacienda de la Europa unida.
Por tanto, sigue adelante la actividad y la operativa de los paraísos fiscales en la Europa que pretende reducir, limitar y hasta algún día eliminar la práctica.
Las autoridades de la Unión Europea no parecen preocupadas por la sequía de medidas para obstaculizar, no ya los paraísos fiscales, sino la acción de los intermediarios, bancos, sociedades pantalla y demás que forman el nexo entre necesario entre el origen y el destino del dinero y de los activos que conforman el tráfico hacia los territorios o paraísos fiscales.
Se da incluso el caso de un Estado que expresamente ampara, cuida y preocupa para que el legislador y supervisor europeo respete y, por tanto, no incluya en la lista negra, a sus propios territorios, ejerciendo una suerte de protectorado político que evite que las autoridades europeas levanten la calificación de centro financiero offshore.
Cada vez que se reúne el grupo de trabajo que analiza el estado de los centros financieros offshore, el discreto Código de Conducta en Impuestos Empresariales de la UE, se disparan las expectativas sobre posibles avances en la lucha contra la competencia tributaria desleal en el territorio de la Unión Europea. Y sin embargo, año tras año, el célebre grupo de vigilancia de la conducta fiscal europea continua decepcionando a los Gobiernos, algunos de los cuales, curiosamente, se siguen oponiendo en las votaciones, a que desaparezcan los territorios o paraísos fiscales.
La contradicción obedece al interés que algunos socios de la Unión mantienen en esa lucha o competencia tributaria. Una postura que, por otra parte, países como Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido nunca han ocultado y que, como en este último Estado ha llegado a defender sus islas del Canal y Gibraltar como territorios excluidos de la lista negra europea en tanto que territorios que forman parte del Estado británico. Es probable que a partir del próximo año, y a la espera de los resultados de las negociaciones del Brexit, las islas del Canal y Gibraltar pasen de forma inexorable a formar parte de la lista negra de paraísos fiscales.
En todo caso, sigue sorprendiendo la permisividad, el protectorado político y la complicidad de las autoridades de Bruselas y los Gobiernos de la mayoría de los socios de la UE a la hora de elaborar una lista amplia y completa de los territorios o países pequeños que a día de hoy mantienen un tratamiento complaciente con las operaciones financieras que claramente tienen una motivación de eludir impuestos. Incluso se podría ir más allá en la calificación de la complacencia que muestran los Estados en este tema si se tienen en cuenta algunas prácticas financieras que, siendo detectadas por los departamentos de Hacienda del Estado, suponen una clara violación de los criterios que rigen la vigilancia del movimiento de capitales.
En esa batalla que se pretende librar contra la elusión de impuestos, resulta que España cuenta con un papel destacado, como lo demuestra la actividad de las grandes cotizadas, que el año pasado incrementaron un 10% su presencia en territorios considerados de baja tributación, con posiciones destacadas para Banco Santander, la entidad con mayor número de filiales en este tipo de paraísos fiscales con nada menos que 216.
El último informe fiscal realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, en base a los datos que publican las memorias anuales de las empresas, contabiliza cerca de 1.000 sociedades filiales en actividad en los paraísos fiscales pertenecientes a las 35 empresas del Ibex35, de las que Santander estaría en cabeza (216 empresas) seguido de ACS con 152.
Los Estados son testigos del paso de transferencias artificiales de beneficios pertenecientes a empresas multinacionales que tienen nombre, apellido y domicilio social y fiscal. Operaciones financieras a través de paraísos fiscales que son, precisamente, la primera batalla a la que dan prioridad los Estados, como son las transacciones que provocan pérdidas voluminosas de recaudación en los Estados donde generan los beneficios.
Los mismos Estados que desde hace veinte años aseguran estar librando la batalla contra la competencia tributaria desleal. Lo que parece estar claro es la contradicción entre los deseos políticos declarados de los Gobiernos, las formas y la realidad.
