Juzgan al gerente de un bufete ‘low cost’ por hurto y daños

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 Fue objeto de una intervención policial a instancias del Colegio de Detectives Privados de Galicia por presunto intrusismo.

Está acusado de llevarse muebles de una oficina alquilada y de destrozarla antes de su desahucio.

El gerente de uno de los primeros despacho profesionales ‘low cost’ de Vigo  que, además de abogados, cuenta con servicio de arquitectos e inmobiliaria será juzgado el próximo mes de junio por los presuntos delitos de hurto y daños supuestamente cometidos en una oficina que alquiló en 2013 y de la que fue desahuciado por impago.

El fiscal solicita para A.B.A., 15 meses de prisión, una multa de 6.300 euros y una indemnización total superior a los 6.000 por los destrozos ocasionados en el local y los objetos sustraídos y que no han sido recuperados.

Según el escrito fiscal, el acusado, en noviembre de 2013 suscribió junto a otra persona con la que mantenía una relación profesional, un contrato de alquiler de un local en el entorno de la calle Florida con el fin de montar una oficina-asesoría. La acusación sostiene que sin el conocimiento ni consentimiento del propietario, hizo uso de la oficina como su lugar de residencia habitual, hasta que en diciembre de 2014, se procedió a ejecutar la orden de desahucio dictada por el juzgado de Primera Instancia 4 por impago.

Fue en ese momento, afirma el representante del Ministerio Público, cuando los dueños del local se percataron de que el acusado, “con el propósito de obtener un inmediato beneficio patrimonial, había hecho suyo gran parte del mobiliario”, una mesa, tres sillas de oficina y cuatro sillas de la sala de espera, objetos que han sido tasados en 1.050 euros. Pero además,   descubrieron múltiples desperfectos en el interior del local, tanto en el mobiliario que todavía quedaba como en puertas, cristales, alicatado, molduras, tuberías, grifería… Daños valorados en más de 5.000 euros.

Se da la circunstancia de que el despacho que el acusado abrió con posterioridad  a estos hechos, a escasos metros de los juzgados,  fue objeto de una intervención policial a instancias del Colegio de Detectives Privados de Galicia por presunto intrusismo, después de que se llegara a ofertar esos servicios junto al de abogados y arquitectos.

Fuentes del citado colegio profesional confirmaron dicha intervención por incumplimiento de requisitos legales exigidos, entre ellos, la obligación de  que la persona al frente del despacho cuente con  licencia de detective habilitada